- Hay un elevado y rígido gasto, debilidad de los ingresos, gasto público electoral, y deuda y pago creciente de intereses de Pemex
- Por Gerardo Flores Ledesma
Clase Turista
El sector privado del país demandó que el presupuesto 2027 se apegue a un marco macroeconómico realista, reconozca y considere los riesgos que amenazan la estabilidad fiscal y, lo más importante que garantice la estabilidad económica.
En su más reciente análisis, el Centro de Estudios Económicos de Sector Privado (CEESP) detalló que es preocupante que el actual gobierno no cumpla con la consolidación fiscal comprometida y que las circunstancias sugieren riesgo de insostenibilidad de las finanzas públicas.
El organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió más riesgos por el elevado y rígido gasto, debilidad de los ingresos, gasto público electoral, así como la deuda y pago creciente de intereses de Pemex.
El CEESP subraya que próximamente el Ejecutivo Federal entregará al Congreso de la Unión los Criterios Generales de Política Económica para 2027, documento en el que se actualiza el paquete económico para este año y se establece el pronóstico de las principales variables macroeconómicas y el proyecto de las finanzas públicas para el siguiente.
Agrega que dada la coyuntura que muestra un ritmo de crecimiento de la economía menos dinámico que lo esperado y una consecuente debilidad de las fuentes de recursos frente a una creciente necesidad de ingresos tributarios para solventar el gasto público, es conveniente hacer algunas consideraciones previas a la presentación del paquete económico 2027.
Y aclara: “En principio, dada la coyuntura, se espera que el marco macroeconómico, es decir, la marcha de las principales variables económicas en la que se apoya el presupuesto de egresos y la ley de ingresos se ajuste a las expectativas que apuntan a un menor ritmo de crecimiento que lo previsto originalmente en el documento de Precriterios publicado en abril”.
Se destaca que lo más importante del presupuesto 2027 es garantizar la estabilidad económica en un contexto de riesgos que enfrenta la economía y que probablemente se ampliarán ante el periodo electoral que se desarrollará durante el año.
El CEESP puntualiza que “una preocupación es que no se cumpla con la consolidación comprometida para las finanzas públicas. Es preciso evitar su fragilidad hacia los siguientes años. Dicha fragilidad es un riesgo que se advierte por la insuficiencia de recursos fiscales para sufragar gastos públicos elevados y crecientes, junto con su rigidez a la baja en 2027”.
Resalta el organismo empresarial que las circunstancias que requieren atención sobre la situación fiscal son varias.
Y precisa: “Por el bajo crecimiento de la economía, en lo que va de esta administración las finanzas públicas siguen débiles. En la primera mitad del año los ingresos aumentaron solo 0.1% anual en términos reales, dentro de los cuales los ingresos tributarios, que son la base sólida de las finanzas públicas, se incrementaron en sólo 0.4% anual. El gasto, por su parte, aumentó 2.1% anual”.
Y añade: “El mayor crecimiento del gasto propició que el balance público fuera deficitario en 559 mmp en la primera mitad del año, 36.0% superior al saldo negativo observado en el mismo lapso del año pasado”.
INSUFICIENCIA EN FONDOS DE ESTABILIZACIÓN
Se hace hincapié en que “las reservas precautorias del erario se han reducido. Los fondos de estabilización, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) o el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), si bien han tenido una marginal recuperación en lo que va de este gobierno -aumentaron poco más de 41 mil millones de pesos (mmp) de manera conjunta- su saldo no es una cifra que pueda sacar de problemas al gobierno si lo requiere. Si bien entre los dos fondos acumulan un saldo de casi 150 mmp, estos recursos apenas serían suficientes, hasta ahora, para cubrir el faltante de 141 mmp respecto a lo aprobado para la primera mitad del año. Hay que tener en cuenta que esta diferencia pude ser mayor si el ritmo de crecimiento de la economía no se acelera.
Para el CEESP, el gasto público ha seguido creciendo y su ajuste será difícil, ya que el incremento del gasto público sigue concentrado en las transferencias incondicionales de efectivo que obviamente son muy rígidas a la baja, porque su reducción es muy costosa políticamente, especialmente en un año en el que habrá jornada laboral. En este contexto las presiones aumentan debido a que es poco probable una disminución del gasto en los programas prioritarios. El gasto en este tipo de programas absorbe el 42% del ingreso total del gobierno federal y el 45% de los ingresos tributarios, lo que podría obligar al gobierno a reducir el gasto en otros rubros en caso de ingresos insuficientes.
Se aclara que “los ingresos públicos reflejan debilidad y, si no se reactiva el crecimiento económico, se puede prever su insuficiencia a futuro. En la primera mitad del presente año los ingresos totales fueron 141 mmp menores a lo programado y los tributarios fueron 53 mmp menores. Y dada la expectativa de crecimiento para el presente año se podría anticipar su insuficiencia a futuro. Si bien es probable que la economía se acelere modestamente en 2027, su ritmo de avance podría seguir siendo insuficiente para mejorar los recursos fiscales”.
Se apunta que los pronósticos más recientes estiman un crecimiento de la economía de alrededor de 1.1%; si es el caso, la recaudación tributaria podría ser menor a lo previsto.
El pago de pensiones y jubilaciones seguirá ejerciendo presiones importantes. Para el presente año se asignaron 1.7 billones de pesos, lo que representa casi la cuarta parte del gasto programable.
DEUDA PUBLICA AL ALZA
Asimismo, el CEESP señala que aunque las autoridades afirman que no ha habido endeudamiento, la información oficial reporta lo contrario. El más reciente informe de las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre del año indica que el saldo de los requerimientos financieros del sector público, que es el rubro más amplio de deuda, fue de 19 billones de pesos, 1.3 billones más que el año pasado.
Para el cierre del presente año se espera que la deuda total sea de 20.4 billones y para el 2027 alcance 21.8 billones, a menos que en el presupuesto que se presentará próximamente se tengan previsto cifras menores.
Esto llevaría al costo financiero a representar el 4.1% del PIB, un monto mayor al déficit originalmente estimado de 3.5%.
El sector privado considera que la situación financiera de Pemex se ha deteriorado significativamente.
Y añade: “La percepción negativa sobre Pemex puede agudizar la insostenibilidad de las finanzas públicas y poner en mayor riesgo su situación en el mediano plazo. Al cierre del primer semestre de este año la deuda financiera de Pemex fue de casi 1.4 billones de pesos. Es posible que para cubrir sus necesidades de financiamiento la empresa continúe dependiendo de los recursos del Gobierno Federal o en todo caso contratar deuda adicional. En lo que va de este sexenio el Gobierno Federal le ha dado apoyos a Pemex por aproximadamente 495 mmp”.
El análisis del CEESP advierte que “podría haber una intención de aumentar el gasto público con fines políticos a medida que se acercan la jornada laboral de 2027”.
El presupuesto de gasto estimado para 2027 en el documento de Precriterios, en principio, muestra una disminución de 3.2% con el objetivo de lograr la meta de consolidación fiscal para ese año.
No obstante, la rigidez de gasto público frente a crecientes programas sociales podría complicar un ajuste mayor al gasto. Incluso, este podría ser menor a lo previsto originalmente.
En resumen, dice el CEESP, es de suma importancia que el presupuesto 2027 se apegue a un marco macroeconómico realista, que reconozca y considere los riesgos que amenazan la estabilidad fiscal del país y haga todo para mitigarlos, así como las fuertes presiones sobre las fuentes de recursos recurrentes y de gasto público para el próximo año y los siguientes, y que a la vez atienda las necesidades más urgentes de la población, como educación, salud, seguridad e inversión pública.
