- El reparto de utilidades 2026 refleja presión financiera entre los mexicanos, solo 9% utiliza ese ingreso para viajes, tecnología o consumo recreativo: Research Land
- 83% de los encuestados manifestó su apoyo para eliminar el ISR al aguinaldo y PTU
Clase Turista
En 2026, el 65% de los trabajadores mexicanos que recibieron la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) utilizará ese dinero para cubrir deudas y gastos básicos del hogar, reveló una encuesta de Research Land, la agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 30 de mayo venciò el plazo para que las empresas entregaran el monto que corresponde al reparto de utilidades; mientras que, para las personas físicas, la fecha límite es el 29 de junio. Es un derecho que aplica para trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el ejercicio fiscal correspondiente.
La encuesta de Research Land mostró que, el 34% destinará su PTU a gastos del hogar como despensa, reparaciones o servicios básicos; el 31% lo ocupará para pagar tarjetas de crédito, préstamos u otras deudas. En contraste, 26% hará algún ahorro o inversión a largo plazo y solo 9% afirmó utilizar ese recurso para consumo personal o recreativo, incluyendo viajes, entretenimiento o tecnología.
El comportamiento ocurre en un escenario en el cual el endeudamiento de los hogares mexicanos ha mostrado un crecimiento. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la morosidad en crédito al consumo aumentó 12% nominal en 2025, lo que refleja mayores dificultades de pago entre las familias mexicanas.
“Los resultados muestran que las utilidades dejaron de percibirse como un dinero adicional para darse gustos y pasaron a funcionar como un mecanismo de estabilidad financiera. Muchas personas utilizaron ese ingreso para resolver pendientes económicos inmediatos o aliviar presión en sus finanzas personales”, explicó Pablo Levy, Director General de Research Land.
En cuanto a la percepción sobre el monto recibido, el 43% calificó que las utilidades fueron similares a las del año anterior, el 32% aseguró que su PTU es mayor a lo esperado. Sin embargo, el 12% consideró que obtuvo menos utilidades de las previstas y un 13% señaló que su empresa reportó cero utilidades o que no recibió este derecho laboral.
Además del destino del dinero, el estudio evidenció una percepción crítica sobre los descuentos fiscales aplicados al reparto de utilidades. Aunque el 42% dijo entender que el Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicado es una obligación fiscal, un 26% expresó frustración porque consideró excesivo el impuesto retenido y el 10% reconoció no comprender cómo se calculó el descuento.
En ese contexto, el 83% de los encuestados se manifestó a favor de eliminar impuestos al aguinaldo y a las utilidades, ya sea de manera total o con límites salariales.
“Los datos reflejaron un desgaste importante en la percepción sobre los impuestos aplicados a prestaciones laborales. Para muchas personas, el reparto de utilidades representó un ingreso esperado para enfrentar compromisos financieros y no necesariamente un beneficio extraordinario”, añadió el Director General de Research Land.
Otro de los hallazgos relevantes es lo relacionado con la confianza hacia las empresas. Mientras el 45% dijo tener una confianza moderada en que las compañías reportaron correctamente sus ganancias y el 25% expresó confianza total, un 24% sospechó que las utilidades reales fueron mayores a las declaradas y el 6% aseguró no confiar en los reportes empresariales.
“Los datos también reflejan que existe una conversación pendiente sobre transparencia corporativa. Cuando una parte relevante de los trabajadores dudó de las cifras reportadas por las empresas, se reveló una necesidad de mayor claridad y comunicación interna en torno al reparto de utilidades”, concluyó Pablo Levy.
El levantamiento de la encuesta de Research Land se realizó durante el mes de mayo a nivel nacional, a través de panel online a personas que pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), de entre 18 y 55 años, de niveles socioeconómicos C+, C, C- y D+.
