- Por Ramsé Gutiérrez, VP Senior / Co-Director de Inversiones en Franklin Templeton Investments México
En 2017, el diagnóstico de Hacienda era relativamente optimista: la reforma pensionaria que pasó de una pensión definida de por vida a una que saldría de las contribuciones a cuentas individuales de los trabajadores, ayudaría a reducir la presión fiscal con el tiempo. La valuación de los pasivos pensionarios parecía hablar por sí sola, con una reducción desde el 60.5% en 2012 a 49% para 2017.
En el esquema original (de beneficio definido), si las aportaciones no alcanzan para pagar las pensiones prometidas, el faltante lo absorbe el Estado. El cambio hacia cuentas individuales, buscaba limitar esa carga futura y fortalecer el ahorro para el retiro mediante las Afores.
El sistema no era perfecto. Una parte importante de la población trabaja en la informalidad o no logra cumplir con las semanas de cotización requeridas para obtener una pensión mínima. Pero la expectativa oficial era que el costo de transición del sistema anterior alcanzaría su máximo en 2017 y comenzaría a disminuir gradualmente.
Diez años después, 2017, la presión presupuestaria luce muy distinta.
En 2017, el gasto total analítico en pensiones (la suma de pensiones institucionales y sociales) era de 0.73 billones (millones de millones) de pesos. Para 2027 se proyectan 2.48 billones de pesos: más de 3.3 veces el nivel de 2017. Aún más, el presupuesto para pensiones no solo más que se triplicó, sino que, considerando una inflación de aproximadamente 56%, el gasto programado creció más de 4 veces la inflación.
Para 2027, equivale a 6.5% del PIB y a 160% del déficit público amplio (medido por los Requerimientos Financieros del Sector Público) que asciende a 1.56 billones de pesos, o 3.9% del PIB.
Hay dos historias detrás de esa cifra:
• Las pensiones institucionales IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y otros sistemas laborales pasarían de 0.72 billones de pesos en 2017 a 1.84 billones en 2027: 2.5 veces más.
• Las pensiones sociales Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar pasarían de 12.6 mil millones de pesos en 2017 a 640 mil millones en 2027: ¡más de 50 veces! Y equivalentes a 35% del gasto en pensiones institucionales y, por sí solas, a 41% del déficit público amplio.
La presión no es idéntica en ambos casos. Las pensiones institucionales responden, en buena medida, a derechos laborales y obligaciones de sistemas existentes. Las pensiones sociales son transferencias financiadas cada año con el presupuesto: no dependen de una cuenta individual ni de un fondo acumulado específico para cubrir todos los pagos futuros.
Para 2027, el crecimiento previsto de las pensiones sociales es de 3.3% nominal, cercano a la inflación proyectada. Es una desaceleración frente a los aumentos de años anteriores (34% en promedio por año entre 2021 y 2026). Sin embargo, moderar el crecimiento no resuelve el desafío: la base presupuestal ya es muy grande, la población seguirá envejeciendo y reducir estos programas sería políticamente costoso.
En el caso de las pensiones institucionales, además del gasto anual, se pueden estimar las obligaciones futuras. Esto es, el pasivo pensionario se estima en alrededor de 37% del PIB, cifra considerable, pero mucho menor al 60% que se tenía en 2012. No es una cuenta que deba pagarse en 2027, pero ilustra la magnitud del compromiso. Cubrirlo por completo hoy mediante deuda implicaría un aumento de endeudamiento adicional de casi el 70% de toda la deuda mexicana actual. Para las pensiones sociales aún no existe esta medida en el paquete económico.
México enfrenta una presión doble: obligaciones institucionales que maduran conforme envejece la población y programas sociales que se consolidan como compromisos presupuestarios recurrentes.
La lección de 2017 no es que la reforma haya fracasado, sino que, como dice la canción «… y tropezó de nuevo con la misma piedra»: se crearon nuevas obligaciones políticas sin un mecanismo de fondeo a largo plazo y sin considerar su costo futuro.
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