- Cuatro de cada diez consideraron que el principal riesgo es que una base de datos sea vulnerada por ciberdelincuentes, reveló una encuesta de Research Land
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El 47% de los mexicanos afirmó que estaría dispuesto a perder su número telefónico antes que compartir sus datos personales para registrar su línea celular, mientras que 42% señaló que sí realizaría el trámite debido a que depende del teléfono para trabajar, comunicarse con su familia o realizar actividades cotidianas, de acuerdo con una encuesta realizada por Research Land, agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX.
Los resultados se dieron a conocer después de que la autoridad regulatoria ampliará hasta diciembre, de forma escalonada, el plazo para completar el registro obligatorio de líneas celulares. En este contexto, la encuesta muestra que, además del reto operativo que representa concluir el proceso, persisten preocupaciones relacionadas con la protección de los datos personales y la confianza de los usuarios.
«La ampliación del plazo brinda más tiempo para completar el proceso, pero los resultados muestran que la confianza de los usuarios seguirá siendo un elemento importante durante su implementación. La comunicación, la transparencia y la certeza sobre el tratamiento de la información pueden contribuir a fortalecer la percepción ciudadana sobre esta medida», señaló Pablo Levy, director general de Research Land.
Hackeos y extorsiones concentran las principales preocupaciones
La protección de los datos personales se mantiene como uno de los principales temas para los ciudadanos. El 40% consideró que el mayor riesgo al compartir su CURP y datos personales sería que una base de datos fuera vulnerada por hackers, mientras que 29% temió que esa información pudiera utilizarse para cometer extorsiones telefónicas.
Además, 20% manifestó preocupación por un posible uso de vigilancia o control gubernamental y 11% aseguró no tener inquietud alguna respecto al manejo de su información personal.
Estas inquietudes se presentan en un contexto donde la seguridad de la información ha cobrado mayor relevancia. A principios de 2026, un grupo de ciberdelincuentes afirmó haber obtenido 2.3 terabytes de información de al menos 25 dependencias del Gobierno de México y aseguró que la filtración involucró datos de hasta 36 millones de personas, un caso que reavivó la discusión sobre la protección de los datos personales en poder de instituciones públicas.
A nivel global, IBM estimó que el costo promedio de una filtración de datos alcanzó en 2024 un récord de 4.88 millones de dólares, reflejando el impacto económico y reputacional que este tipo de incidentes genera para organizaciones públicas y privadas.
«Los ciudadanos construyen su percepción a partir de distintos factores, entre ellos los antecedentes que conocen sobre la protección de la información. En un entorno donde las filtraciones de datos ocupan cada vez más espacio en la conversación pública, fortalecer la seguridad y la privacidad será clave para generar confianza», explicó Pablo Levy.
La percepción también influye en el cumplimiento
La encuesta mostró que la percepción de los ciudadanos influye en la disposición para cumplir con el registro. El 53% consideró que las compañías telefónicas difícilmente suspenderían el servicio a quienes no registraran su línea, debido al impacto económico que representaría perder millones de clientes.
En contraste, 29% creyó que sí cumplirían con la regulación, mientras que 10% opinó que únicamente se suspenderían algunas líneas para enviar un mensaje al resto de la población y 8% consideró que el sistema enfrentaría dificultades antes de que la medida pudiera implementarse plenamente.
Respecto al propósito del registro, 41% opinó que la medida buscaría combatir delitos como la extorsión; 25% consideró que respondería a un mayor control sobre la ciudadanía; 23% creyó que se trataría de un trámite burocrático con poca utilidad práctica y 11% estimó que podría utilizarse para otros fines, como el envío de publicidad o el cobro de impuestos.
«Los resultados muestran que el registro de líneas celulares no representa únicamente un reto operativo. También implica fortalecer la confianza de los usuarios mediante información clara, mecanismos de protección de datos y comunicación transparente durante todo el proceso», concluyó Pablo Levy, Director General de Research Land.
