- Es poco probable que las iniciativas sean aprobadas durante la actual Legislatura
- Son vistas como una maniobra política con fines electorales, opinan expertos
Clase Turista
Varias de las 20 iniciativas de reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer para su análisis y eventual votación en el Congreso, inhiben la inversión y es poco probable que sean aprobadas durante la actual Legislatura, por lo que son vistas como una maniobra política con fines electorales, así como para marcar la agenda política al inicio del próximo sexenio.
Expertos de Banco Base señalaron que entre las iniciativas que podrían inhibir la inversión destacan la prohibición del fracking o devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresa pública estratégica.
Con esas propuestas, se agrega, se limitaría aún más el potencial de crecimiento económico y la llegada de nuevas empresas por la capacidad limitada de la red eléctrica actual.
MAS PRESION A FINANZAS PÚBLICAS
Por otro lado, algunas iniciativas implican una mayor presión para las finanzas públicas, como garantizar atención médica integral y gratuita a la población, garantizar vivienda de los trabajadores y la intención de revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007.
Se subraya que no queda claro de dónde provendrán los recursos para ejecutar estas iniciativas en caso de ser aprobadas y en específico para las pensiones, el fondo propuesto apenas representa el 4.4% del gasto programado para el 2024 en pensiones contributivas y para efecto de dimensionar el monto, si el fondo se repartiera entre los trabajadores afiliados al IMSS cada uno recibiría cerca de 2,900 pesos.
Las presiones para las finanzas públicas podrían poner en riesgo la calificación crediticia, pues en 2023 el déficit presupuestario fue el mayor como proporción del PIB desde 1989 y para 2024 se tiene contemplado un déficit de 4.9% del PIB, el mayor desde 1988, con un gasto social (pensiones contributivas, no contributivas y otras transferencias) equivalente a 24% del presupuesto total del gobierno, muy por encima del 14% del último año de la administración pasada.
Por último, están las iniciativas que implican un riesgo de deterioro en la gobernanza del país, como la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la elevación a grado constitucional que ningún servidor público pueda ganar más que el presidente y la eliminación de organismos autónomos y la adjudicación de sus responsabilidades al gobierno federal.
Se insiste en que «es poco probable que las iniciativas sean aprobadas durante la actual legislatura, por lo que son vistas como una maniobra política con fines electorales, así como para marcar la agenda política al inicio del próximo sexenio».
