- La Gobernadora de Chihuahua sostiene que el citatorio busca fabricarle un caso; señala trato desigual frente a los otros funcionarios de Sinaloa
Clase Turista
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, compareció este miércoles 27 de mayo en la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Doctores, en Ciudad de México, en el marco de la investigación por la presencia de agentes de la CIA en el operativo donde se localizó un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua.
A las afueras de las instalaciones la esperaban figuras del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellas el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera; los alcaldes Mauricio Tabe Echartea (Miguel Hidalgo), Alessandra Rojo de la Vega (Cuauhtémoc) y el exsecretario de Gobernación Roberto Gil Zuarth, así como el excandidato presidencial Ricardo Anaya y el senador Germán Martínez, quienes acudieron a brindar su respaldo a la mandataria estatal.
“Hoy hablo por México”: las palabras de Campos tras su declaración
Al terminar con su comparecencia en calidad de testigo, Campos ofreció un mensaje público en el que señaló que en México existe un “uso político de las instituciones federales”.
“Yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños”, expresó la gobernadora, quien aseguró que su gobierno colaboró sin reservas con la FGR.
Campos sostuvo que el citatorio habría tenido como propósito —en sus propias palabras— “fabricarle un caso” bajo la simulación de ser convocada como testigo, y señaló que, a su juicio, no se guardaron las formas ni se respetó la protección constitucional que le corresponde como mandataria estatal.
La gobernadora comparó entre su situación y la del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades extranjeras por presuntos vínculos con el narcotráfico, y sostuvo que mientras a ella se le persigue “sin pruebas”, a otros funcionarios en circunstancias similares se les trata con lo que describió como “impunidad absoluta”.
“A mí en cambio no me han acusado de nada formalmente”, destacó Campos, quien calificó la situación como una manifestación de autoritarismo que, a su juicio, vulnera derechos constitucionales.
