Cuestionan empresarios el Paquete Económico 2027

  • Fue aprobado sin tomar en cuenta ninguna propuesta sobre reasignación en el gasto
  • Las empresas tendrán una carga tributaria adicional que generarán presiones sobre la inversión
  • Por Gerardo Flores Ledesma

Clase Turista

El sector privado del país cuestionó el Paquete Económico 2027 porque fue aprobado sin tomar en cuenta ninguna propuesta sobre reasignación en el gasto; el costo financiero de la deuda será de un billón 575 mil millones de pesos, cifra mayor a lo presupuestado para los programas sociales prioritarios (un billón, 25 mil millones de pesos) y con los cambios en materia fiscal, las empresas tendrán una carga tributaria adicional que generarán presiones sobre la inversión.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aclaró que el único rubro que sufrió cambios fue el presupuesto original del INE, que está afectado ahora por un escándalo de corrupción, al cual le recortaron 6 mil millones de pesos (mmp).

APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2027

El CEESP recuerda que el pasado para 2027, el Gobierno Federal prevé ingresos totales por 10.6 billones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 1.1% respecto a los 10.2 billones aprobados para 2026. De este monto, el 59% provendrá de la recaudación de impuestos, la mayor participación registrada al menos desde 2010.

En la composición de los ingresos tributarios, el Impuesto sobre la Renta (ISR) se mantiene como la principal fuente de recaudación, con una participación de 53% del total, seguido del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con 28%, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con 13%. Dentro de este último, la mayor contribución provendrá del impuesto a los combustibles, cuya recaudación prevista para 2027 aumentará cerca de 10% en términos reales respecto al monto aprobado para 2026.

En materia de endeudamiento, se autorizó un techo de endeudamiento interno neto del Gobierno Federal de 1.7 billones de pesos, alrededor del 16% de los ingresos totales previstos para 2027. Este monto es inferior en 80 mil millones de pesos al autorizado para 2026, lo que representa una reducción real cercana al 7.5%. A pesar de esta disminución, desde 2024 el endeudamiento ha adquirido mayor relevancia como fuente de financiamiento del Gobierno Federal, al ubicarse entre los seis principales conceptos de recursos, frente a la décima posición que ocupaba en años anteriores.

AFECTACIÓN FISCAL PARA EMPRESAS

El Paquete Económico también contempla modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), mediante las cuales se busca limitar las deducciones fiscales de las personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos anuales. De acuerdo con información del Censo Económico 2024, se estima que las empresas que cumplen con estas características representan el 15% de las unidades económicas del país, de las cuales el 98.5% son formales. Asimismo, estas empresas emplean a 11.1 millones de personas, de las cuales el 99% cuenta con un empleo formal.

Se estima que, con la reforma propuesta al ISR, las empresas sujetas a estas disposiciones enfrentarían una carga tributaria adicional de aproximadamente 81,784 millones de pesos. Estos recursos reducirían su capacidad financiera para expandir sus operaciones, incrementar la inversión productiva y atender otras obligaciones, como el pago de intereses. Para dimensionar el impacto potencial de la medida, el monto adicional de ISR equivale al 16% de la inversión realizada por estas empresas, lo que podría limitar su capacidad de crecimiento y afectar sus decisiones de inversión.

El CEESP agrega que el PEF 2027 contempla un gasto neto total de 10.64 billones de pesos, equivalente a un incremento real de 1.1% respecto al presupuesto aprobado para 2026. Si bien este crecimiento refleja una expansión moderada del gasto público, la consolidación fiscal es un desafío, dado que se prevé un déficit presupuestario de 1.36 billones de pesos, equivalente aproximadamente al 3.4% del PIB.

Del gasto neto total, 7.43 billones de pesos corresponden al gasto programable, equivalente al 70% del presupuesto, mismo que representa un incremento en términos reales del 1.5% respecto a 2026. A través de estos recursos el gobierno federal financia la provisión de bienes y servicios, los programas sociales, la educación, la salud, la seguridad e infraestructura, entre otras funciones gubernamentales.

Se precisa que, en su composición económica, aproximadamente el 60% del gasto programable se destinará a gasto corriente, el 25% a pensiones y jubilaciones y el 15% restante a inversión. Esta distribución muestra que una proporción importante de los recursos públicos se concentra en compromisos recurrentes, lo que reduce la flexibilidad presupuestaria y puede generar presiones sobre la inversión pública y otros componentes del gasto susceptibles de ajuste.

Durante la discusión del presupuesto se propusieron varias reasignaciones en el gasto, aunque ninguna prospero. El único rubro que sufrió un cambio fue el presupuesto original del INE, que está afectado ahora por un escándalo de corrupción, al cual le recortaron 6 mil millones de pesos (mmp). Estos recursos se canalizaron en su mayor parte a la Secretaría de Educación para sus programas orientados a elevar la inversión en infraestructura en planteles escolares públicos y para fortalecer el desarrollo integral durante la primera infancia.

DEUDA PÚBLICA TOTAL POR 21.7 BILLONES DE PESOS

De acuerdo con las estimaciones de la SHCP, la deuda pública total alcanzará aproximadamente los 21.7 billones de pesos al cierre de 2027, equivalente a 55% del PIB. El costo financiero asociado a esta deuda será de 4.0% del PIB, es decir, un billón, 575 mil millones de pesos. Este monto compara desfavorablemente a lo presupuestado para los programas sociales prioritarios: un billón, 25 mil millones de pesos.

El crecimiento de la deuda, derivado de un déficit de 3.9% del PIB en 2027, se debe en buena parte al bajo crecimiento económico y, por ende, a una baja recaudación. Lo anterior, combinado con gastos en programas sociales ineludibles, pagos de pensiones crecientes y la continuidad de los apoyos a Pemex han reducido el espacio fiscal del país, es decir, el margen de maniobra financiera del gobierno para ejercer recursos de manera flexible.

El limitar las deducciones puede afectar el crecimiento económico. Las empresas con deducciones legítimas podrían enfrentar una carga impositiva mayor, provocando que reduzcan sus inversiones y con ello, se limite la capacidad productiva, el crecimiento potencial de la economía y la propia recaudación futura.

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