- Por Norma L. Vázquez Alanís
- (Segunda y última parte)
Clase Turista
Estados Unidos jugó un papel fundamental en la resolución del conflicto religioso en México, por dos razones: la primera tiene que ver con la gestión eclesiástica, y la segunda proviene por parte del Estado en virtud de la relación existente entre los jefes revolucionarios y los presidentes y embajadores estadounidenses.
Así lo expuso el doctor en Historia social y cultural, Yves Solís Nicot, en su ponencia ‘Dimensiones internacionales del conflicto’, presentada durante el ciclo de conferencias ‘A un siglo del conflicto religioso en México’, organizado por el Centro de Estudios de Historia de México (CEHM) de la Fundación Carlos Slim.
Una de las circunstancias que favoreció la participación de Estados Unidos fue que, después de la expulsión en 1923 del delegado apostólico Ernesto Fillippi, la Iglesia intentó tres veces mandar a diferentes sucesores sin lograrlo, y entonces optó para solicitarle al delegado apostólico en la Unión Americana hacerse cargo de los asuntos mexicanos entre 1926 y 1929.
Al no poder tener en México un representante, la Santa Sede decidió que monseñor Leopoldo Ruiz y Flores fuera delegado apostólico (hasta la fecha único mexicano), pero allende la frontera, explicó el doctor Solís Nicot, quien en 2016 recibió el Premio Berta Ulloa sobre Historia Diplomática de México.
Es innegable que gran parte de la historia de México está vinculada con la de Estados Unidos, de manera que su intervención en esta disputa resultaba evidente porque además los embajadores estadounidenses no responden a intereses únicos; el embajador de 1924 a 1927, James Rockwell Sheffield, enemigo acérrimo de Plutarco Elías Calles, defendía los intereses de las grandes empresas petroleras, mientras que su sucesor Dwight Whitney Morrow (1927-30), más cercano al gobierno mexicano, respondía al sector bancario pues era socio de J.P. Morgan, un gran banco de inversión. Él buscaba la pacificación de México para que se pudieran empezar a pagar las deudas que había contraído el país con su vecino del norte, en particular las repatriaciones por los ultrajes contra sus ciudadanos durante la Revolución Mexicana. Así lo documentó el doctor Solís Nicot mediante su investigación en archivos de Estados Unidos.
El proceso de negociación, acuerdos y desacuerdos, duró un poco más de una década; los informes sobre los arreglos religiosos se encuentran en un documento resguardado en la Universidad de Georgetown y durante todo este periodo se puede ver una división muy fuerte entre los obispos. Es importante entender -en opinión del conferencista- que hubo tres posturas entre los obispos: los que estaban a favor de la resistencia armada, los que querían negociar con el gobierno y un tercer grupo muy importante, los que esperaban la postura del papa.
En las conversaciones fueron fundamentales los obispos Pascual Díaz Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores, quienes después de tres años de conflicto entre los soldados de Cristo y el Ejército Federal lograron alcanzar una resolución, gracias a lo pactado inicialmente con Álvaro Obregón en 1928 y después de su asesinato la negociación fue primero con el gobierno de Calles, quien a través de su hermano en Nueva York quiso llegar a unos arreglos religiosos, pero la iglesia los detuvo. Después, durante la presidencia interina de Emilio Portes Gil, estos dos obispos, que fueron muy controversiales, consiguieron esos convenios que dieron pie a lo que algunos cristeros llamaban el “modus moriendi”.
Una persona clave en los pactos religiosos fue Miguel Cruchaga, un ministro colombiano que estuvo a cargo de los tribunales de reconciliación entre México y Alemania, así como entre México y Estados Unidos para las reparaciones de la Revolución. Era católico e hizo posible la negociación con el gobierno mexicano.
Solís Nicot sostuvo que el conflicto religioso se había solucionado en 1928, pues los documentos vaticanos permiten ver que en ese año se había llegado a un convenio de paz con quien sería el próximo presidente, Álvaro Obregón, pero su asesinato por parte de José de León Toral frustró la pacificación de México y por eso se tuvo que esperar hasta 1929.
Impacto internacional fue importante para los acuerdos
El conflicto religioso en México se internacionalizó gracias a dos imágenes que circularon por todo el mundo e hicieron que católicos en Estados Unidos, Canadá, Bélgica, España, Polonia y América Latina, se interesaran en este asunto. Una fue la del martirio del padre Miguel Agustín Pro, jesuita fusilado en noviembre de 1927 acusado de haber participado en un complot para asesinar a Álvaro Obregón, entonces candidato a la reelección presidencial; otra fue la fotografía sumamente atroz de los católicos ahorcados en Jalisco, en la cual aparecían colgados en los postes de las vías del tren que iba de la ciudad de México a Guadalajara, y que provocó un efecto contrario al esperado porque hizo públicas las atrocidades que estaban ocurriendo en México, a pesar de que el gobierno de Calles había sido muy eficaz en la censura. Estas estampas tuvieron un gran impacto en la prensa internacional.
Recordó el doctor Solís Nicot que en ese momento la Santa Sede no podía pasar por Italia porque estaba concertando también los acuerdos de Letrán, y entonces se dio toda una especie de “billar diplomático” para poder negociar, en el cual la Santa Sede mandaba cables a Francia y España a través de sus nunciaturas, y Estados Unidos enviaba a su vez, a través de sus aliados, también cables diplomáticos.
Es muy significativa esta parte de las negociaciones diplomáticas mediante las cuales y a través de cables, a veces de manera muy urgente, van tomando decisiones para pacificar a México. Sin embargo, los convenios logrados en 1929 que fueron resultado no solamente de negociaciones en México, sino también de las acciones diplomáticas conjuntas del Vaticano, de Chile, de Francia y de Estados Unidos, solo resolvieron de momento y parcialmente el problema religioso en México, pero no significaron una solución duradera.
Ante esta situación, muchos católicos pensaron que se había engañado al pontífice, pero no fue así, él estaba consciente de al menos tres aspectos que le llevaron a tomar la decisión de pactar con los revolucionarios, no nada más con Portes Gil sino con todos los gobernadores: sabía que no era posible ganarles a los revolucionarios, pero tampoco era viable para éstos aniquilar la resistencia de los cristeros, y quizá el punto más importante era que la persecución había obligado a numerosos sacerdotes a dejar sus diócesis y refugiarse en casas particulares.
Esto preocupaba mucho a la Santa Sede, porque el acompañamiento que se daba a los fieles había dado lugar a lo que denominaron paraliturgias, pues en las misas que se oficiaban en los domicilios de los católicos cada vez más las mujeres se hacían cargo de todas las liturgias, por eso estuvieron dispuestos a ese pacto.
Tras un periodo de distensión con Pascual Ortiz Rubio, la relación con el gobierno de Abelardo L. Rodríguez fue tensa. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas hubo un primer periodo de alta tensión entre 1934 y 1936, y a partir de este último año hubo un acercamiento hacia los obispos y la Santa Sede. Estos momentos de distensión propiciaron una oportunidad de conciliación entre los obispos y los líderes en ciernes que buscaban consolidar su posición de manera pacífica. En esta coyuntura jugó un papel importante el delegado apostólico de Estados Unidos, Amleto Giovanni Cicognani.
A manera de conclusión, el doctor Solís Nicot dijo que las circunstancias que hicieron posible este entendimiento fueron el cambio en la política de Estados Unidos con la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, así como la nueva generación de prelados tras la muerte de los obispos radicales; es decir, hubo cambios en el contexto internacional y doméstico, pero se necesitaba una situación aglutinadora en la cual los católicos mexicanos pudieran por fin reconocer al Estado y esa fue la expropiación petrolera en marzo de 1938, que propició una reconciliación decorosa porque el gobierno mexicano necesitaba de todos los actores para poder establecer la soberanía energética y pagar las deudas del costo de esta acción.
