- La impunidad es el mayor reclamo, señala Volker Türk, jefe de Derechos Humanos del Alto Comisionado de la ONU
- Mi Oficina seguirá estando, como siempre, a disposición de todos y todas en México
Clase Turista
México enfrenta una de las crisis de desapariciones más severas de la región, afirmó Volker Türk, jefe de Derechos Humanos del Alto Comisionado de la ONU, quien agregó que «mi Oficina seguirá estando, como siempre, a disposición de todos y todas en México».
Al cabo de su visita a nuestro país durante 4 días, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló que registros oficiales y reportes de organismos nacionales e internacionales documentan más de 100 mil personas desaparecidas o no localizadas, además de rezagos forenses, fosas clandestinas y bajos niveles de judicialización.
Para Türk, la deuda principal sigue siendo romper el ciclo de impunidad y colocar a las víctimas en el centro de la respuesta institucional.
En conferencia de prensa, el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió verdad y justicia para las familias de desaparecidos, así como fortalecer búsquedas e investigaciones en México.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió a la crisis de desapariciones en México como un desafío «grave y doloroso» y dijo que la impunidad es el mayor reclamo de miles de familias que buscan a sus seres queridos. Lo expresó este miércoles durante la conferencia de prensa con la que cerró su visita oficial al país.
Türk afirmó que detrás de cada caso existe una tragedia humana marcada por la incertidumbre, el sufrimiento y la falta de respuestas institucionales y llamó a redoblar esfuerzos para garantizar investigaciones eficaces, procesos judiciales sólidos y mecanismos de búsqueda inmediatos.
Volker Türk, quien se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades de los tres poderes, colectivos de víctimas, representantes de pueblos indígenas, organismos públicos de derechos humanos, sector privado y el equipo de Naciones Unidas en México demandó la necesidad de fortalecer las capacidades forenses y de identificación humana.
Familiares de desaparecidos y diversos colectivos solicitaron al funcionario que Naciones Unidas mantenga observación sobre el cumplimiento de recomendaciones emitidas al Estado mexicano,
Türk llegó a México, tras un escenario de tensión entre el gobierno mexicano y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, luego de que ese mecanismo alertó sobre la gravedad del fenómeno y la posible responsabilidad de agentes estatales en algunos casos. El gobierno federal rechazó que exista una política de Estado en esa materia, aunque reiteró disposición al diálogo con organismos internacionales.
Luego de reunirse con la periodista indígena ñomndaa’ y defensora de derechos humanos Marcela de Jesús Natalia, Volker Türk señaló que trabajará por la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y que su oficina «seguirá estando, como siempre, a disposición de todos y todas en México».
Aquí su discurso al concluir su visita a Mëxico
Buenas tardes a todas y a todos,
Concluyo mi visita a México con esta rueda de prensa. Ha sido una visita muy fructífera que me ha permitido conocer de primera mano tanto los logros como los desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos.
Agradezco al Gobierno por la invitación y por abrirme las puertas de todas las instituciones.
He tenido la oportunidad de reunirme con las más altas autoridades de los tres estamentos del Estado, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, la fiscal general Ernestina Godoy, el canciller Roberto Velasco y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz. También mantuve encuentros con senadores, y con una amplia representación de miembros y organizaciones de la sociedad civil, del empresariado y de colectivos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluidas las familias de personas desaparecidas. También me reuní con los organismos públicos de derechos humanos a nivel federal y estatal.
México tiene una sociedad civil variada, activa y vibrante, y sus miembros siguen siendo actores centrales en el debate público, en el impulso de la reforma institucional y, de forma crucial, en la demanda de rendición de cuentas.
El desafío de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos no cesa. Las mujeres defensoras y las reporteras enfrentan riesgos agravados, especialmente cuando cuestionan al crimen organizado, la corrupción, o la violencia de género.
Tuve la oportunidad de escuchar varios y diversos testimonios de defensoras y defensores de pueblos indígenas, medioambientales, de las personas LGTBI+ , o víctimas del abuso de la prisión preventiva oficiosa, entre otros, que han pagado un precio inimaginable por defender derechos.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas constituye un modelo muy relevante y un referente en la región, en particular por su esquema de gobernanza que incorpora activamente a la sociedad civil. Asegurando el acceso oportuno para quienes lo requieren y consolidando su capacidad de prevención, permitirá potenciar su efectividad.
Conversé con la fiscal general de la República y coincidimos en que se debe incrementar la capacidad de investigación tras cualquier ataque a personas defensoras y periodistas. Espero que el protocolo de investigación para crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, en cuya redacción ha participado mi Oficina, sea adoptado e implementado a la mayor brevedad posible.
Soy plenamente consciente de que la seguridad pública sigue siendo uno de los retos más complejos de la sociedad mexicana. Los grupos delictivos organizados continúan operando en varias partes del país y tienen un impacto significativo en el disfrute de los derechos humanos de la población.
El crimen organizado, incluido el transnacional, se basa, entre otros aspectos, en el tráfico de drogas y en un flujo incesante de armas y municiones hacia el país. Es un problema al que las autoridades mexicanas intentan hacer frente mediante un programa de recolección de armas, pero resulta insuficiente ante el torrente de armamento que ingresa diariamente al país.
Reconozco este y otros esfuerzos realizados por las autoridades para hacer frente a la violencia y fortalecer las instituciones de seguridad, en el marco de un sistema federal complejo y descentralizado, con altos niveles de corrupción y fragilidad institucional. En este contexto, es fundamental que las estrategias de seguridad continúen avanzando hacia el fortalecimiento de las instituciones civiles y profesionales, plenamente sujetas a mecanismos de rendición de cuentas.
El tema de la impunidad ha surgido en todas las conversaciones con víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil. Es su mayor reclamo: que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos que incluyan el reconocimiento del dolor sufrido, la reparación y las garantías de no repetición.
México ha realizado una amplia reforma del sistema judicial que ha aumentado su representatividad. Es esencial que se preserve la independencia de las instituciones judiciales, su integridad y competencia profesional, y que las personas juzgadoras cuenten con salvaguardas efectivas frente a cualquier injerencia indebida.
En mi reunión con la Suprema Corte de Justicia escuché sobre importantes esfuerzos para fortalecer la cercanía y la transparencia de la actividad judicial, así como para ampliar el acceso a la justicia para todas las personas. También se advierten avances relevantes en el reconocimiento del pluralismo jurídico, en línea con la diversidad social y cultural del país. Estos elementos, junto con otros que promuevan una justicia centrada en las personas, pueden contribuir a reforzar la confianza pública en un momento de transición institucional.
Me preocupa la prisión preventiva oficiosa por su impacto en la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Aliento a reforzar el control judicial, a privilegiar medidas alternativas y a reducir su duración, asegurando siempre su carácter excepcional y una evaluación caso por caso.
Espero que la próxima firma de un acuerdo de cooperación entre la Oficina y la Suprema Corte permita el intercambio de buenas prácticas.
Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México. Las desapariciones provocan un sufrimiento inimaginable y prolongado para las familias. Erosiona profundamente la confianza entre la población y el Estado, responsable de prevenir, investigar, juzgar y condenar a los responsables.
Saludo profundamente el valor y la tenacidad de las familias de personas desaparecidas y los colectivos que las conforman, especialmente los liderados por mujeres, porque no solo desempeñan labores esenciales de búsqueda y documentación, sino que lideran los esfuerzos por promover visibilidad, rendición de cuentas y respuestas institucionales.
Fue doloroso escuchar testimonios que reflejan la magnitud de esta tragedia — familias que buscan durante años, recorren instituciones sin obtener respuestas e incluso arriesgan sus propias vidas para encontrar a sus seres queridos. Este dolor, con impactos diferenciados en niños y niñas, personas migrantes, personas LGBTI+ y otras poblaciones, no puede minimizarse.
A todas estas personas les expresé mi solidaridad y mi empatía. Y les dije que todos son defensores y defensoras de derechos humanos, y que tienen toda la razón al pedir ser atendidos y obtener verdad y justicia, seguridad y protección.
México cuenta con un marco jurídico e institucional de gran potencial, centrado en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, que constituye una referencia a nivel internacional y fue elaborada con la participación de las víctimas.
Es fundamental que el Estado siga reforzando los mecanismos de búsqueda, los procesos de identificación forense, las medidas de protección y las capacidades de investigación para hacer frente a esta crisis. La reciente adopción de un protocolo nacional de búsqueda actualizado representa un paso importante. Su aplicación efectiva, junto con los procesos actuales de fortalecimiento de las capacidades de investigación, la coordinación entre instituciones y los recursos adecuados, será esencial para lograr avances significativos en la búsqueda de los desaparecidos y en la lucha contra la impunidad.
Reconozco la voluntad política de seguir fortaleciendo las instituciones existentes, y me alienta haber escuchado que se reconoce a las familias y a los colectivos como actores clave en los procesos de búsqueda. Se debe garantizar su participación activa y su seguridad. Es esencial que cualquier decisión tomada a nivel federal se traslade de forma efectiva a nivel local.
He constatado un consenso social que el tema de las desapariciones es una tragedia contra la que hay que luchar. Necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas, o de un mandato de un gobierno, para que pueda darse un proceso de verdad, de reconocimiento del dolor y la labor de las personas buscadoras, de transparencia y de compromiso férreo del Estado.
Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice y que ponga en el centro a las víctimas.
Les trasladé al Gobierno y a todos mis interlocutores la disposición de mi Oficina a proporcionar asistencia técnica, apoyo y seguimiento a dichos esfuerzos. Vamos a trabajar conjuntamente para identificar pasos concretos para acompañar este proceso.
La reciente reforma del artículo 2 de la Constitución mexicana, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, constituye un paso histórico. En un país donde una parte significativa de la población se reconoce como indígena o afromexicana, esta reforma sienta las bases para una nueva relación entre el Estado y estos pueblos, basada en el reconocimiento de su libre determinación, su autonomía y su capacidad para definir sus propias prioridades de desarrollo.
Me complació escuchar los esfuerzos en curso para desarrollar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en cuyo proceso la consulta con los pueblos y comunidades será fundamental. Asimismo, los esfuerzos por preservar y promover las lenguas indígenas reflejan un compromiso importante con la diversidad cultural del país y constituyen un referente a nivel internacional.
Quien también está llevando a cabo numerosas buenas prácticas es la Secretaría de las Mujeres, el primer ministerio dedicado en exclusiva a transversalizar las perspectivas de género en toda la política pública. Los esfuerzos para llegar a todo el territorio, así como para proteger a las víctimas y empoderar a todas las mujeres me sorprendieron gratamente.
El principio de paridad, consagrado en la Constitución y aplicable a todos los niveles de gobierno y a los tres poderes del Estado, constituye un avance significativo para equilibrar los espacios de poder y garantizar la participación plena de las mujeres.
Sin embargo, me desalientan los niveles persistentes de violencia de género y los feminicidios, pese a los esfuerzos estatales. La muerte diaria de siete mujeres choca nuestra consciencia. La próxima ley general sobre feminicidio, que obligará a la homologación de procesos en casos de feminicidio y de violencia de género en todo el territorio, será un buen avance.
Saludo que México haya reducido la pobreza y ampliado el acceso a derechos económicos y sociales, gracias a políticas de protección social, incrementos del salario mínimo y programas dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad. Así como la creación de una pensión universal para adultos mayores. Estos progresos reflejan elementos de una economía de derechos humanos, que coloca a las personas en el centro de las decisiones económicas.
Quiero terminar reconociendo el importante papel de México como actor regional y global en apoyo del multilateralismo y del sistema internacional de derechos humanos. Su compromiso y participación activa en el sistema de las Naciones Unidas deben destacarse y servir de ejemplo.
