- Pide al gobierno abrir un diálogo nacional para construir medidas concretas de prevención, atención y reducción de riesgos y daños
- Una política de drogas eficaz se construye con evidencia, con las comunidades y con cooperación entre
países
Clase Turista
Menos Daño hace un llamado al Gobierno de México a impulsar una agenda nacional de política de drogas centrada en el cuidado, la evidencia científica y los derechos humanos, que fortalezca la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades que trabajan directamente en prevención, atención y reducción de riesgos y daños.
En diciembre de 2026 se cumplen 20 años del incremento de la violencia letal en México, que ha dejado ya casi medio millón de homicidios y 135,000 personas desaparecidas.
Evaluar las estrategias de seguridad exige ir más allá de las sustancias decomisadas y las personas detenidas. Hay que preguntarse si las comunidades están más seguras, si se previenen muertes, si existen servicios de salud accesibles y si se reducen los daños asociados al consumo y a los mercados ilegales.
Reconocemos que investigar delitos de alto impacto y proteger a las comunidades es una responsabilidad del Estado. También lo es prevenir sobredosis y garantizar servicios de salud accesibles y libres de estigma. El sistema penal no es una respuesta al consumo de drogas ni sustituye la atención de salud, y castigar a las personas usuarias tampoco resuelve los problemas de seguridad.
Por lo anterior, Menos Daño llama a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Secretaría de Gobernación y a las dependencias competentes a establecer un espacio de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, especialistas, comunidades y personas usuarias para construir una agenda nacional que permita:
➔ Facilitar el acceso comunitario a la naloxona, medicamento que revierte las sobredosis por opioides. Menos Daño ha solicitado al Senado de la República su desclasificación para ampliar su disponibilidad y prevenir muertes por sobredosis.
➔ Revisar el marco normativo vigente para dejar de responder con el sistema penal al consumo y a la posesión de drogas para uso personal. En su lugar, reorientar esos recursos hacia la atención de salud y la protección social.
➔ Fortalecer la atención desde la salud pública, con información accesible, servicios voluntarios y de calidad, personal capacitado y atención libre de estigma y discriminación.
➔ Ampliar los servicios de reducción de riesgos y daños, como la detección y el tratamiento de la hepatitis C, la vacunación contra las hepatitis A y B cuando corresponda y el acceso a medicamentos controlados para usos médicos.
➔ Reconocer y fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias, e incorporar sus conocimientos y los de las personas usuarias y las comunidades afectadas en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas.
➔ Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento que midan los resultados de las estrategias de drogas no solo con indicadores de seguridad, sino también por su impacto en la salud, la prevención de muertes, el acceso a servicios, la reducción
de la violencia y el bienestar de las comunidades.
Estas medidas deben formar parte de un debate nacional, plural e informado, con participación de la academia, las organizaciones sociales, las comunidades, las personas usuarias, las autoridades y la ciudadanía, para evaluar los resultados de las políticas actuales y construir alternativas propias que respondan a las necesidades de la población.
Desde Menos Daño defendemos una política que reduzca la violencia, prevenga daños, garantice el acceso a la salud y proteja la dignidad y los derechos humanos.
