- Por Dr. Armando Piedra Balanzar (*)
Clase Turista
Una nueva reforma legislativa ha abierto el debate sobre sus posibles consecuencias fiscales. El Gobierno Federal sostiene que la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral no crea nuevos impuestos ni incrementa las tasas del predial. Sin embargo, desde la oposición han surgido preocupaciones sobre sus posibles efectos económicos para los propietarios de inmuebles.
La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado, busca modernizar y homologar los catastros municipales y los Registros Públicos de la Propiedad mediante plataformas digitales, una Clave Única Catastral y mecanismos de intercambio de información. El objetivo es fortalecer la certeza jurídica, simplificar trámites y mejorar la administración territorial.
Mientras sus promotores destacan los beneficios de contar con información inmobiliaria más precisa, sus críticos advierten que esta modernización podría facilitar la actualización de valores catastrales y, con ello, generar mayores contribuciones para los propietarios.
Aquí surge una pregunta que merece nuestra atención: ¿será que, como ocurrió en el debate sobre la reforma del ISR para 2027, nos están diciendo que no aumentarán los impuestos, pero podrían modificarse las bases sobre las cuales los calculamos?
Recordemos que el monto de un impuesto no depende únicamente de su tasa, sino también de la base gravable. En el ISR, determinadas limitaciones a las deducciones pueden incrementar la utilidad fiscal. En el predial, una eventual actualización del valor catastral podría elevar el impuesto, aun cuando su tasa permanezca sin cambios.
Por ejemplo, un inmueble cuyo valor catastral sea de dos millones de pesos podría generar un predial mayor si posteriormente dicho valor se actualiza a cuatro millones. Esto dependerá de la legislación local y no significa que la reforma ordene automáticamente duplicar los valores.
El sector inmobiliario merece especial atención. Desarrolladoras, constructoras, arrendadoras y empresas con importantes activos inmobiliarios podrían enfrentar mayores costos si la modernización deriva en actualizaciones catastrales. Esto tendría consecuencias en sus flujos de efectivo, la rentabilidad de sus proyectos y sus decisiones de inversión.
No obstante, también debemos reconocer los beneficios de contar con registros modernos y confiables, capaces de reducir irregularidades, brindar seguridad patrimonial y facilitar operaciones inmobiliarias.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a determinar si aumentarán o no las tasas del predial, sino a comprender las posibles consecuencias de la implementación de esta reforma.
Modernizar el catastro puede ser necesario y positivo, pero ¿esa modernización se traducirá únicamente en mayor certeza jurídica y eficiencia administrativa o también en una mayor carga fiscal para los contribuyentes?
Por ahora, no podemos afirmar que habrá un incremento generalizado del predial en 2027. Serán las decisiones fiscales de los estados y municipios, junto con la implementación de la reforma, las que permitan conocer sus verdaderos efectos.
Al final, como sucede frecuentemente en materia fiscal, no basta con observar las tasas de los impuestos; también debemos prestar atención a las bases sobre las cuales se determinan.
(*) El Dr. Armando Piedra Balanzar es un destacado especialista fiscal y consultor empresarial mexicano. Es fundador de la firma Piedra Consultores. Anteriormente, se desempeñó como Director General de la prestigiosa revista especializada en temas jurídicos y fiscales IDC Asesor Jurídico y Fiscal.
A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como un referente en el ecosistema corporativo en México.
