- Denuncian aprobación exprés y opaca del puerto de Manzanillo a pesar de graves deficiencias señaladas por la SEMARNAT
Clase Turista
Pescadores, salineros y habitantes integrados en el colectivo Salvemos Cuyutlán denuncian la apresurada y opaca aprobación del proyecto de ampliación portuaria, advirtiendo que, con este reciente aval institucional, las obras podrían iniciar de forma irregular en los próximos 15 días. Esto ocurre a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) detectó 31 insuficiencias graves en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.
De acuerdo con la bitácora oficial del trámite, el 30 de septiembre de 2026 la SEMARNAT emitió la resolución final del proyecto bajo el estatus «DOCUMENTO DE RESPUESTA DE CONCLUSIÓN TURNADO AL ECC». Apenas un par de meses antes, mediante un requerimiento emitido el 16 de julio de 2026, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) había notificado la suspensión de la evaluación del proyecto impulsado por la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo (Asipona).
Dicho requerimiento evidenció deficiencias sustanciales para evaluar las consecuencias del proyecto, incluyendo la omisión de canales en la descripción, afectaciones no sustentadas al ecosistema de manglar, insuficiencias para demostrar la protección de la Laguna de Cuyutlán y la falta de evidencia de que se mantendrían las condiciones del Sitio Ramsar en los Vasos III y IV. A pesar de estas omisiones, el trámite fue reanudado y avanzó de manera inusual en los últimos días de septiembre hasta su conclusión, consolidando una autorización fast-track que ignora una contravención expresa que prohíbe el desmonte del manglar.
Frente a la desinformación institucional, la comunidad fijó su postura el 8 de septiembre de 2026 mediante una Carta Abierta dirigida a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En dicho documento, las comunidades productoras aclararon que su lucha no tiene bandera partidista, desmintiendo que se trate de un grupo reducido o politizado como se les señaló el 5 de septiembre. Asimismo, denunciaron que no existe ninguna mesa de negociación para un diálogo real, sino eventos fragmentados y excluyentes, incluyendo una consulta pública en línea que marginó a las personas afectadas que carecen de internet. La obra afectaría de manera directa a más de mil 500 familias salineras y pesqueras, por lo que exigieron una disculpa pública, revisión de los cambios de uso de suelo y una consulta presencial culturalmente adecuada. Para respaldar estas exigencias a nivel nacional, el colectivo ha lanzado una petición ciudadana en la plataforma Avaaz instando al gobierno federal a detener la destrucción de la laguna.
De igual forma, en un esfuerzo por no permitir la división del movimiento, las cooperativas pesqueras y acuícolas rechazaron reuniones a puerta cerrada. En un escrito, fechado el 6 de septiembre, declinaron la invitación a una reunión particular con el Lic. Alberto Eloy García Alcaraz, secretario general de Gobierno del Estado de Colima. En su respuesta advirtieron su profunda preocupación por convocatorias individuales que buscan fragmentar a la comunidad y establecieron que el condicionamiento lógico para cualquier diálogo real es la suspensión inmediata de los trámites de evaluación del proyecto en la SEMARNAT. Exigieron que todo encuentro futuro se gestione al más alto nivel federal, ya que las instancias estatales no tienen facultad resolutiva sobre una obra de esta magnitud.
“Este humedal es una zona Ramsar, protegido por las leyes internacionales, es uno de los humedales más importantes de México. Cuyutlán merece tener un destino turístico y que le inyecten dinero. Merecen que la sal de Cuyutlán llegue a toda la región de Europa, pero no merecen destruir esa región, entonces nosotros no queremos ser un Topolobampo. Nosotros les decimos que el proyecto no va”, ha declarado en diversas ocasiones Yerania Valencia, activista y vocera del colectivo Salvemos Cuyutlán.
El colectivo Salvemos Cuyutlán exige:
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Una consulta previa, libre, informada, presencial y culturalmente adecuada con las comunidades afectadas.
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Que la evaluación ambiental considere el proyecto de forma integral, sin fragmentar sus obras.
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Un proceso de diálogo con el gobierno federal, con todos los sectores presentes al mismo tiempo.
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Transparencia absoluta sobre la resolución emitida por la SEMARNAT el 30 de septiembre.
Ante esta imposición oficial y la cuenta regresiva de 15 días, la comunidad de Cuyutlán hace un llamado a los medios de comunicación y organizaciones civiles a visibilizar este proceso irregular. No permitirán el avance del puerto bajo la ilegalidad, advirtiendo que la alteración de la laguna liquidará los medios de vida de la región y constituirá un ecocidio amparado por las autoridades ambientales.
