- PROHIBIDO DECIR NARCOPARTIDO
- CARLOS RAMOS PADILLA
Clase Turista
Fueron años y años de una campaña bien instrumentado contra el gobierno y el PRI por parte de la izquierda más radical y maniquea bajo las estrategias de amlo.
Abiertamente los acusaban (sin pruebas) de corruptos, ante el crimen de Colosio llegaron al extremo de calificarlos de asesinos, a Salinas de Gortari lo llamaban el innombrable y los graves errores del anterior sistema fueron subestimar a los reventadores, permitir todas las irregularidades de amlo siendo este un delincuente que atentaba contra las vías federales de comunicación y violentaba las reglamentaciones electorales, dejar penetrar en la opinión pública las arengas difamatorias de esos revoltosos que muchos ahora se autocondecoran como defensores de la democracia actual y creer que dar pluralidad legislativa y registro de nuevos partidos era fortalecer la vida institucional del país.
Es más, con evidencias reales permitieron que el crimen organizado pactara con esa izquierda cobijada por dictadores y tiranos latinoamericanos.
Todo esto ha acumulado señalamientos directos contra el gobierno morenista y su partido político.
Jay Clayton, por ejemplo, el fiscal que acusó en NY a Rocha Moya y sus cómplices por nexos con el narco, ahora es director de Inteligencia Nacional con Donald Trump Ha ha investigado a los narcopoliticos, ha documentado sus vínculos criminales y ahora tiene el aparato de inteligencia más poderoso del mundo para ir tras ellos.
Es increíble que a pesar de que estén confesando los asesinos más peligrosos del planeta, mexicanos, contra el narcogobierno aquí lo nieguen y que el Huachicol es un negocio secundario del crimen organizado.
Las matanzas de funcionarios en ejercicio que no cumplen con las imposiciones de los criminales.
amlo, para Estados Unidos, convirtió en una Industria Criminal Multimillonaria el huachicol para pagar elecciones de su Narco Partido.
La protección a presuntos delincuentes es más que evidente y no es estrictamente a sicarios sino a burócratas y políticos bien identificados.
Las primeras sanciones retírales las visas y congelarles sus cuentas bancarias en el extranjero, después vendrán órdenes de aprehensión y la declaratoria de prófugos de la justicia y «terroristas».
Lo sorprendente es que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE decidió, por unanimidad, prohibir a Alejandro Moreno, presidente del PRI, calificar a Morena como narcopartido y ordenó retirar de sus redes y de las del PRI los mensajes referentes al tema. Así se fortalece la censura y anula la crítica política.
México es hoy el país más poderoso en el manejo de sustancias prohibidas por el
narco, nación donde se asesina a más periodistas sin estar en guerra, lugar que desaparece a políticos incluidos a miles y miles de ciudadanos. Somos un escenario propio para la extorsión por uso de suelo y corrupción gubernamental y les incomoda la difusión de estos eventos.
Estos procedimientos e imposiciones obligan cada día más a creer que los partidos de oposición deben formar una alianza firme para evitar, entre otras cosas, silenciar, censurar y acabar con la libre expresión que tanto demandaban años atrás los paristas y activistas hoy gobernantes.
No hay que olvidar que Alejandro Moreno conserva la protección del fuero constitucional que le permite el uso libre de la expresión en tribuna.
Y mire que gente como Fernández Noroña han abusado de ello precisamente con calificativos y expresiones ruines.
Olvidan que cuando amlo se proclamó «presidente legítimo» atacaban – y aún lo hacen- a Felipe Calderón llamándolo «espurio» y considerándolo alcohólico cuando se sabe que fue Federico Arreola quien promovió esa denostación.
¿Ya olvidaron que amlo, en diciembre de 2022, en Palacio Nacional,sugirió de forma figurada que escuchar mucho a ciertos periodistas como Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola o Sergio Sarmiento era dañino para la salud y que «hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro»?
Días después de este pronunciamiento, Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado armado contra su vehículo aquí en la Ciudad de México.
«La libertad no se negocia y la verdad no se elimina mediante un acuerdo administrativo», señala Alito.
