- Julio Berdegué dejó la Sagarpa y entraría como gobernador internino
- El ex secretario de administración Enrique Díaz Vega, uno de los imputados por la justicia de EU, se entregó y habría solicitado su calidad de testigo protegido
Red Financiera
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, pidieron licencia temporal a sus cargo tras la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR), luego que Estados Unidos acusó de narcotráfico y delitos relacionados con drogas y armas junto a otros 8 funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal para que la FGR investigue acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos. Aseguró tener «la conciencia tranquila» y calificó los señalamientos como falsos.
Por su lado el ex secretario de administración Enrique Díaz Vega estaría bajo resguardo de las autoridades de los Estados Unidos. Habría solicitado su calidad de testigo protegido
Julio Berdegué dejará la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y se perfila como el gobernador interino de Sinaloa. Por medio de un comunicado se informó que Columba López quedará al frente de la dependencia
Rocha Moya dio a conocer que pidió al Congreso licencia temporal al cargo mientras dure el proceso de investigación que realice la Fiscalía General de la República.
Recalcó que tomó la decisión «ante el anuncio que hace la FGR respecto al inicio de un proceso de investigación en Sinaloa» y agregó: «Lo hago desde mi profunda convicción republicana y con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas».
En un breve mensaje difundido por el gobierno del estado, agregó que no va a «permitir» que lo utilicen para dañar al movimiento al que pertenece «y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos de los más elemental».
«Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo me respalda. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra, a mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado nunca y nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de nuestro país lo requieran», puntualizó.
EU CONFISCARÁ BIENES Y CUENTAS DE LOS 10 ACUSADOS
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido notificaciones de decomiso que afectan directamente al gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya y a otros nueve altos funcionarios y exfuncionarios.
El eje central de la ofensiva financiera se detalla en el apartado de «Notificaciones de Decomiso» del expediente. El Gran Jurado determinó que, tras cometer los delitos de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, los acusados deberán ceder a favor de los Estados Unidos todos los bienes que constituyan o se deriven de cualquier ganancia obtenida directa o indirectamente de estas actividades.
Esta medida alcanza no solo al gobernador Rocha Moya, sino también a figuras de alto nivel como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el actual Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra. El documento subraya que el decomiso incluye cualquier propiedad utilizada, o que se haya intentado utilizar, para facilitar el tráfico de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.
Uno de los puntos más resaltados de la acusación es la «Disposición sobre bienes sustitutos». En ese apartado, el gobierno de EU advierte que, si los bienes sujetos a decomiso no pueden ser localizados tras un ejercicio de debida diligencia, han sido transferidos a terceros, vendidos, o han disminuido sustancialmente de valor, la justicia estadounidense buscará el decomiso de cualquier otro bien de los acusados hasta cubrir el valor total de la deuda criminal.
