- Dice que no se protegerá a nadie; pero si se trata de un tema «político», no se permitirá la injerencia de Washington
Clase Turista
En defensa del aún gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y tras las acusaciones del Departamento de Justicia que los acusa de tráfico de drogas y armas y demandó su extradición, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que «si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político».
En su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que si hay elementos que infieran la responsabilidad de los señalados —entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha— no se protegerá a nadie; sin embargo, de comprobarse que se trata de un tema «político», dijo que no se permitirá la injerencia de Washington en las decisiones nacionales.
Sheinbaum aclaró que no se cubrirá a nadie que haya cometido un delito, al fijar su postura sobre las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos, incluido Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil .
Expuso que la actuación de las autoridades mexicanas estará sujeta estrictamente a la existencia de pruebas: «La Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción».
Dijo que el marco legal mexicano establece requisitos claros para proceder penalmente y que «para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito».
Sheinbaum detalló que el 28 de abril por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición, las cuales fueron turnadas el 29 de abril a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación, conforme al marco normativo vigente.
Sin embargo, señaló que ese mismo día, al mediodía, el Departamento de Justicia hizo público el levantamiento de cargos en el Distrito Sur de Nueva York, acompañado de un documento denominado «acusación de reemplazo bajo reserva», lo que generó inconformidad en el gobierno mexicano.
Y agregó: «Estos procesos son confidenciales, acorde con los tratados en la materia», al explicar el extrañamiento expresado por el área jurídica de la Cancillería ante la difusión anticipada de la información.
La presidenta indicó que la FGR analizará la documentación recibida para determinar si existen los elementos probatorios necesarios y la viabilidad de las solicitudes.
Además, confirmó que la institución abrió una investigación paralela para allegarse de toda la información que permita verificar si las acusaciones cuentan con fundamento legal.
«Es obligación analizar la documentación con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios», precisó.
Asimismo, reiteró su compromiso con el cumplimiento de la ley y la Constitución al puntualizar que «desde que asumí la Presidencia juré hacer respetar la Constitución y las leyes, así como velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional».
Sheinbaum dijo que México es país soberano que «establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación, y menos de entreguismo».
Y enfatizó: «Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México».
