- Calificó esta acción como una ridícula patraña del secretario de Estado Marco Rubio “para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”
Clase Turista
Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, medida que entró en vigor este lunes y que permite ampliar sanciones legales y financieras sobre Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela rechazó la designación
En declaraciones públicas, Maduro se refirió al Cártel de los Soles como «inexistente» y aclaró que calificarla como organización terrorista extranjera, es una «ridícula patraña del secretario de Estado Marco Rubio para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela».
En un comunicado de la cancillería venezolana se subraya que «esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar».
El listado de Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE), dentro del cual se encuentran grupos islamitas, separatistas, guerrillas y, como novedad reciente, pandillas y grupos narcotraficantes de México y Colombia, es elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y se supone que otorga al gobierno del presidente, Donald Trump, facultades jurídicas para sancionar, congelar activos y perseguir judicialmente a toda persona o entidad que colabore con quien aparezca en él.
La justificación, según el Departamento de Estado, es que «el Cártel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa».
Aunque nunca nadie ha presentado prueba alguna, durante años una narrativa replicada por medios y agencias estadunidenses ha sostenido que existe un supuesto “cártel” integrado por militares venezolanos y liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de su gobierno que supuestamente se encarga de traficar estupefacientes. Desde su llegada al gobierno de Washington, Marco Rubio ha echado mano de este discurso para presionar a la Casa Blanca en función de lo que ha sido su histórico objetivo personal, provocar la salida del poder de Maduro.
El comunicado de Venezuela insta al gobierno estadounidense a “rectificar esta errática política de agresiones y amenazas, rechazadas contundentemente por el propio pueblo de Estados Unidos”, ya que afectan a todo el Caribe y, además, “en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas”.
Lo del rechazo por parte del pueblo de Estados Unidos parece tener que ver con la encuesta publicada el fin de semana por el medio CBS News, que afirma que 70% de los estadunidenses se oponen a una acción militar de su país contra Venezuela.
El gobierno de Caracas también afirma que el pueblo venezolano “está más unido y cohesionado que nunca”, y está dedicado a atender la vida nacional “y encaminado en las festividades navideñas”.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al Cartel de los Soles, dirigido por el dictador venezolano Nicolás Maduro, en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) abre la puerta a nuevas medidas de presión política, económica y militar en la región.
Sumar al Cartel de los Soles refuerza el andamiaje legal que ya pesaba sobre altos funcionarios venezolanos por tráfico de drogas y corrupción, y amplía la posibilidad de acciones más agresivas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”, y reiteró que Washington considera al propio Maduro como líder de la estructura criminal. La dictadura venezolana rechaza estas acusaciones y sostiene que no existen pruebas públicas que la vinculen a redes de narcotráfico.
Además de las investigaciones judiciales y las sanciones sectoriales vigentes —incluido el embargo petrolero y bloqueos financieros—, se aclara que el nuevo estatus autoriza una presión adicional sobre aliados, bancos, empresas e individuos que tengan relación con el régimen venezolano o con líderes del cartel. Las acciones o apoyos hacia el grupo ahora podrán ser perseguidos penalmente bajo leyes antiterroristas de Estados Unidos.
Con esa designación se busca asfixiar financieramente al régimen de Caracas, que ya padece hiperinflación y restricciones para colocar su petróleo en el mercado internacional.
La designación como organización terrorista extranjera no implica un ataque inminente, pero incrementa los costos y riesgos asociados a cualquier transacción o vínculo con Caracas.
Con ella, se permite a Washington bloquear propiedades, perseguir recursos y acelerar la cooperación con países aliados para limitar el margen de acción del régimen. También complica la posición de Maduro en el escenario internacional y pone presión sobre terceros interesados en negocios, inversiones o gestiones diplomáticas con el actual gobierno venezolano.
