- Autoridades federales dieron a conocer este domingo que los detenidos integran una red dedicada al tráfico y traslado ilegal de hidrocarburos
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Fueron Catorce personas, un vicealmirante de la Secretaría de Marina, el exjuez del caso “Los Porkys” y varios empresarios, fueron detenidas tras un operativo federal relacionado con el decomiso de más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, realizado en el mes de marzo.
Autoridades federales dieron a conocer este domingo que los detenidos integran una red dedicada al tráfico y traslado ilegal de hidrocarburos. Hay perfiles vinculados a la estructura militar, judicial y empresarial.
De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch; la Secretaría de Marina (Semar), a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, el grupo utilizaba empresas fachada, documentos falsos y contactos en distintas instituciones para trasladar y comercializar combustible robado en grandes volúmenes.
Resalta la captura de Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Marina y sobrino político del exsecretario José Rafael Ojeda Durán.
Según información en diversos medios, Farías Laguna escaló velozmente en la estructura naval, alcanzó en menos de dos años el segundo rango jerárquico más importante y comandó la Décima Segunda Zona Naval en Jalisco.
Las autoridades lo señalan por su implicación directa en el tráfico de hidrocarburos asegurado en marzo y lo consideran el servidor público naval de más alto rango involucrado hasta ahora en un caso de huachicol.
Anuar González Hemadi, un juez federal destituido por corrupción, quien saltó a la opinión pública al verse involucrado en el caso de pederastia conocido como “Los Porkys” en Veracruz.
Héctor Manuel N. fue apoderado legal de Mefra Fletes y secretario de Autolíneas Roca, empresas que, según investigaciones periodísticas, conformaron el núcleo del tráfico de combustible.
José N., por su parte, operador financiero y accionista en la red. Ambos, junto a Francisco Javier N. –exdirector administrativo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico–, articularon la estructura empresarial que facilitó el trasiego de hidrocarburos.
Completan la lista Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., de quienes aún se desconoce sus identidades y el papel que habrían jugado en la red de huachicol fiscal.
El modus operandi de la red combinaba la introducción de hidrocarburos a través de buques, su transporte en pipas por empresas fachada y el blanqueo de ganancias a través de sociedades y contratos con entes públicos y privados.
Según la UIF, se detectaron movimientos inusuales de efectivo, adquisición de vehículos de lujo y bienes raíces, así como la contratación de seguros con primas que no correspondían al perfil de los implicados.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, enfatizó que los registros y propiedades asegurados están sujetos a extinción de dominio y que habrá más órdenes de aprehensión conforme avancen las pesquisas. Confirmó que hay coordinación activa con autoridades estadounidenses para rastrear los circuitos del combustible y los flujos de capital ilícito.
Durante la conferencia, las autoridades mencionaron que la investigación inició luego de que el almirante José Rafael Ojeda Durán, entonces titular de la Secretaría de Marina, presentó denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de la institución. Según la exposición en el evento, la colaboración del exsecretario resultó relevante para que la Fiscalía General de la República pudiera recabar pruebas e identificar a funcionarios y particulares implicados en los hechos.
Tanto Omar García Harfuch como Alejandro Gertz Manero y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles reconocieron públicamente el papel de Ojeda Durán, refiriéndose a su gestión como una etapa que permitió detectar y señalar conductas ilícitas, y destacaron su disposición para permitir que las investigaciones avanzaran sin protección a familiares o subordinados.
