- Podrá restaurar la confianza pública y recuperar recursos perdidos
Clase Turista
A medida que los estafadores se arman con herramientas de inteligencia artificial (IA) cada vez más sofisticadas, los gobiernos enfrentan una crisis de confianza pública y pérdidas millonarias en sus presupuestos. Sin embargo, el nuevo estudio global: “Confianza y transparencia: combatir el fraude para maximizar la eficiencia de los programas públicos” realizado por Coleman Parkes en colaboración con SAS, líder mundial en soluciones de analítica e IA, revela que las instituciones gubernamentales están listas para contraatacar con inversiones agresivas en tecnología.
Las organizaciones del sector público enfrentan una creciente crisis de fraude, desperdicio y abuso que drena miles de millones de los presupuestos gubernamentales y erosiona la confianza pública. De los 1,100 funcionarios encuestados en el estudio, casi todos indicaron que sus agencias han sido víctimas de fraudes habilitados por IA, y un 70% reportó un incremento en estos ataques durante los últimos cinco años.
Entre los métodos más comunes se encuentran el uso de identidades sintéticas, campañas de phishing altamente personalizadas y malware que evade la detección. Estas herramientas analizan grandes volúmenes de datos para imitar comportamientos humanos, falsificar documentos y explotar vulnerabilidades en tiempo real.
“La transformación digital en el sector público es un proceso relevante a nivel internacional. México cuenta con potencial para realizar esta transformación. La clave está en rediseñar las estructuras organizacionales y fomentar la confianza en las nuevas tecnologías; estamos en un punto de inflexión: donde los gobiernos resilientes del futuro serán aquellos que inviertan de manera correcta en IA y en IA generativa para ayudar a revertir las pérdidas por fraude, desperdicio y abuso, y restaurar la confianza en programas clave”, señaló Mario Ulloa, Director comercial Sector Público, SAS México.
Un problema de alto costo económico y social
Según servidores públicos de nivel medio y alto encuestados, controlar y detectar el fraude, desperdicio y abuso permitiría recuperar hasta el 16% del presupuesto gubernamental.
“Por ejemplo, los datos estadísticos muestran que, a través de la implementación de IA para evitar fraudes, la recaudación puede aumentar entre un 3% y un 5%, lo que representa una cantidad significativa de recursos para cualquier los estados. Asimismo, la transparencia en dichos procesos contribuye a fortalecer la confianza ciudadana respecto al uso adecuado de los fondos públicos”, puntualiza Ulloa.
El impacto va más allá de lo económico, ya que un 96% de los encuestados reconoció que estos delitos han afectado negativamente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y programas.
Faltan recursos, pero hay voluntad de cambio.
Aunque el 85% de los encuestados considera la lucha contra el fraude una de sus cinco principales prioridades, solo el 10% cuenta con las herramientas necesarias para abordarlo de forma eficaz. Las principales barreras identificadas fueron la falta de habilidades analíticas (48%), tecnología (40%) y recursos presupuestales (24%).
Estas limitaciones afectan la capacidad de las agencias para reducir el fraude interno y externo, garantizar la seguridad de los datos y aumentar la eficiencia del personal investigador, prioridades destacadas por más de la mitad de los encuestados.
A pesar de este panorama, el estudio destaca una tendencia positiva: el uso de tecnologías como análisis de redes para detectar fraudes se espera que aumente del 32% actual al 87%, mientras que el 97% de las agencias prevé adoptar herramientas de IA generativa en los próximos dos años. Esto incluye un crecimiento significativo en el uso de datos sintéticos, modelos de lenguaje de gran escala y gemelos digitales.
Actualmente, alrededor del 50% de los encuestados utiliza IA para abordar el fraude, desperdicio y abuso, y algo más del 25% usa IA generativa. El 40% de los funcionarios destaca una mejor priorización de alertas de fraude y una identificación más rápida de incidentes. El mayor beneficio reportado (57%) es el aumento en la eficiencia del personal. Sin embargo, los funcionarios públicos identifican la privacidad, la seguridad (48%) y el uso ético de la IA (43%) como sus mayores preocupaciones.
“Para SAS, esto implica no solo ofrecer soluciones tecnológicas, sino también acompañar a los gobiernos con estrategias de implementación responsables, seguras y transparentes”, puntualiza Ulloa.
Más estudios e información relevante serán liberados en el SAS Innovate on Tour 2025.
