- La actual presidenta de la Suprema Corte Norma Piña instruyó la apertura de la indagatoria
Clase Turista
A raíz de una denuncia anónima recibida el 9 de abril pasado, Norma Lucía Piña Hernández, quien funge como presidenta tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ha instruido una investigación dirigida a examinar las acciones de antiguos colaboradores del exministro Arturo Zaldívar. Se les acusa de supuestamente menoscabar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) con el propósito de favorecer intereses personales y de terceros.
Las acusaciones presentadas apuntan contra Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, quien es señalado de presuntamente ejercer presión, extorsión y amenazas contra jueces para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, indicaron fuentes judiciales.
La denuncia también menciona al exjefe de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, el magistrado Jaime Santana Turral. Se le señala como una figura clave dentro del Consejo de la Judicatura, presuntamente utilizada con frecuencia para ejercer presión sobre jueces y magistrados.
De igual forma, se señala que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ahora auditora en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.
La denuncia también afirma que el ex presidente de la SCJN y el antiguo consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, habrían conspirado para menoscabar la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.
En consecuencia, “ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados», refiere la denuncia.
«En el entendido que respecto de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le son imputados…», agrega.
La denuncia también apunta al exdirector del Instituto de la Defensoría Federal, Netzai Sandoval, y al actual magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Delgadillo Padierna, en su rol previo como juez de control del Reclusorio Sur, fue responsable de dictar prisión preventiva justificada contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en relación con el caso de la «Estafa Maestra».
