- Libertad de expresión, medios públicos y la frontera invisible de la razón de Estado
- J. Alejandro Gamboa
Clase Turista
En México, el debate sobre la libertad de expresión ha sido capturado por una premisa simplificadora, que toda palabra debe ser tolerada sin matices, sin contexto y sin consecuencias. Bajo ese paraguas se han refugiado, durante años, los medios de comunicación privados, que ejercen un golpeteo diario y sistemático contra el gobierno federal, no siempre desde la crítica informada, sino desde la erosión permanente de la legitimidad institucional.
Este fenómeno no es nuevo ni exclusivamente mexicano ya que la experiencia internacional demuestra que los medios —cuando responden a grandes intereses económicos o geopolíticos— han operado como instrumentos para derribar gobiernos, minar credibilidades y preparar el terreno para reconfiguraciones del poder político.
La libertad de expresión cumple de esta manera una doble función, primero, hacia afuera, proyecta una imagen democrática; segundo, hacia adentro, permite una manipulación progresiva del sentido común que debilita al Estado.
México ha construido su sistema político entre enormes dificultades históricas. Por eso, el debate no puede reducirse a una defensa abstracta de la libertad de expresión, ignorando su uso estratégico como arma de desgaste. El caso se vuelve más delicado cuando esta lógica ya no proviene de medios privados, sino de medios públicos, financiados por el propio Estado y concebidos para fortalecer la deliberación democrática, no para socavarla desde dentro.
En ese punto se inscribe la entrevista realizada por Sabina Berman a Eduardo Verástegui, transmitida en un canal público. La polémica no radica en la existencia de la entrevista en sí, ni en la posibilidad de escuchar posturas críticas. El núcleo del problema es que la utilización de una plataforma pública para amplificar un discurso que cuestiona la legitimidad del Estado mexicano y de su presidenta, esté en sintonía con una narrativa que los medios privados repiten cotidianamente.
Aquí el daño es mayor, porque cuando un medio privado ataca, lo hace desde intereses explícitos o implícitos. Cuando un medio público abre el micrófono a un personaje abiertamente hostil al proyecto de Estado, el propio Estado se convierte en vehículo de su deslegitimación.
Desde el punto de vista jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de expresión de manera amplia. Asimismo, el Código Penal Federal establece con precisión cuándo se configura el delito de traición a la patria, es decir, solo ante conductas concretas, como colaboración material con potencias extranjeras o actos que lesionen directamente la soberanía.
Por lo tanto, una entrevista, una opinión o una declaración —por radical que sea— no configuran por sí mismas traición a la patria. Pretender lo contrario es simplemente incorrecto desde lo jurídico y políticamente peligroso.
Pero este no es un problema penal, es un problema político, ético y democrático. La gran pregunta es ¿cómo evitar que la entrevistadora se parapete tras la libertad de expresión cuando, al dar voz sin contrapeso crítico a un actor claramente enemigo del proyecto de Estado, contribuye a erosionar la razón de Estado y los avances democráticos?
La libertad de expresión protege el derecho a hablar, pero no exonera de responsabilidad editorial, sobre todo en medios públicos. No todo lo que es legal es automáticamente legítimo cuando se trata de plataformas estatales. La razón de Estado —aunque no esté formulada explícitamente en la Constitución— implica una obligación básica, o sea, no utilizar recursos públicos para debilitar al propio Estado frente a intereses nacionales o extranjeros que buscan reorientarlo o someterlo.
Cuando la libertad de expresión se ejerce sin conciencia de contexto, sin equilibrio y sin responsabilidad institucional, deja de ser una garantía democrática y se convierte en libertinaje discursivo. Más grave aún, cuando se normalizan expresiones que llaman a la intervención extranjera o presentan al país como un Estado fallido que requiere tutela externa.
México enfrenta un dilema incómodo al defender la libertad de expresión. Confundir pluralidad con autosabotaje institucional es una ingenuidad muy peligrosa. Los medios públicos no pueden operar bajo la misma lógica que los privados, porque su función no es el mercado ni el rating, sino el fortalecimiento del espacio democrático.
La entrevista ilustra ese límite invisible—jurídicamente protegida, políticamente corrosiva. Y ese es el punto que debe discutirse con seriedad. La libertad de expresión debe seguir siendo una garantía; pero cuando se utiliza para erosionar al Estado desde dentro, con recursos públicos y sin responsabilidad, deja de fortalecer la democracia y empieza a vaciarla.
Ese es el debate real, y evitarlo, en nombre de una libertad mal entendida, también es una forma de riesgo.
