- En la revisión del T-MEC saldrán a flote las situaciones de opacidad de sindicatos como el que dirige Alejandro Martínez Araiza
Clase Turista
Estados Unidos ha endurecido su postura frente a las condiciones sindicales en México y utiliza el Mecanismo de Respuesta Rápida (RRM por sus siglas en inglés), del T-MEC como su principal herramienta de presión, señalan analistas laborales.
En la práctica, el capítulo laboral del T-MEC se está consolidando como un estándar operativo para evaluar el desempeño sindical en México. La lupa está puesta en agrupaciones anti democráticas, como el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), cuyo secretario general, Alejandro Martínez Araiza, fue reelecto por seis años, en elecciones fraudulentas e ilegales.
El análisis de los comunicados y solicitudes de revisión emitidos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) entre noviembre y los primeros días de diciembre de 2025, muestra un patrón que no deja espacio para dudas: la Unión Americana endureció su postura ante las deplorables condiciones sindicales en México.
Más allá de la intención formal de proteger derechos, este escrutinio tiene un impacto directo en la dinámica industrial del país: obliga a empresas y autoridades a acelerar su capacidad de respuesta, fortalecer procesos internos y demostrar avances tangibles en la democratización sindical, señalan.
La búsqueda realizada revela que prácticamente todas las acciones recientes del gobierno estadounidense giran en torno a dos ejes. El primero, es la preocupación por la interferencia patronal, reflejada en alegatos de despidos o reasignaciones relacionadas con el activismo sindical, amenazas, obstrucción de actividades de sindicatos independientes y prácticas orientadas a desalentar la organización.
El segundo, es la reiterada acusación contra los llamados sindicatos de protección, particularmente aquellos que actúan como el sindicato incumbente en los centros de trabajo y que, según los peticionarios, operan con apoyo de la empresa para mantener la representación y bloquear la participación de sindicatos independientes.
Los documentos apuntan a que Estados Unidos no sólo está recibiendo estas denuncias, sino que las está evaluando con rigor. En los distintos casos se subraya la preocupación por procesos sindicales opacos, falta de garantías de neutralidad empresarial, obstáculos a la participación de sindicatos independientes y ausencia de remediaciones plenas dentro de los plazos previstos. Para Washington, estos elementos son indicios de que persisten rezagos en la implementación efectiva de la reforma laboral mexicana.
La búsqueda también identifica demandas recurrentes por parte de los peticionarios. Entre ellas destacan la necesidad de procesos sindicales transparentes, elecciones verificables, acceso pleno para sindicatos independientes y remediaciones que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos laborales cuando se confirma una irregularidad.
En algunos casos, los peticionarios solicitan medidas como reinstalación, pago de salarios caídos y acciones inmediatas para corregir prácticas que vulneran la libertad sindical. En conjunto, no solo piden resolver cada caso, sino consolidar estándares permanentes de cumplimiento.
Las implicaciones de esta tendencia son profundas. La USTR está aplicando el RRM de manera continua y en múltiples sectores, lo que sugiere que la presión sobre México será sostenida.
Además, algunas de las peticiones han sido impulsadas tanto por sindicatos independientes mexicanos como por organizaciones internacionales aliadas en casos específicos, lo que amplifica la presión política y el escrutinio externo. Esto aumenta el riesgo reputacional para empresas y autoridades mexicanas, especialmente cuando los procesos no logran demostrar remediaciones verificables dentro de los plazos marcados por el tratado.
