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25 abril,2025

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  • CARLOS RAMOS PADILLA

Clase Turista

En los últimos días circula información sobre un supuesto desfalco institucional durante la administración de amlo. Toda vez suman más los contribuyentes que han reportado un rechazo de solicitudes de devolución por parte del Servicio de Administración Tributaria.

En @redfinanciera dan cuenta de esta situación y publican que “Cada año, millones de mexicanos realizan su declaración anual confiando en recibir una devolución, pero más de un 30% de estas solicitudes son rechazadas inicialmente por el SAT según datos de TaxDown, la plataforma tecnológica que ayuda a los mexicanos a recuperar del SAT su saldo a favor con Inteligencia Artificial y expertos fiscales.

<Lo más frustrante es que las personas que sí intentan recuperar su dinero muchas veces se encuentran con un muro de burocracia que no les da respuestas claras> explica Óscar Sosa, Country Manager de TaxDown México. <Eso genera desconfianza y hace que muchos desistan en el camino. Por eso apostamos por un sistema que sea fácil, rápido y sin letras chiquitas>”.

Las quejas, viralizadas el pasado Viernes Santo, dejan al descubierto la una crisis fiscal en curso. Los sobre gastos y el abuso en el manejo de los recursos públicos en el sexenio pasado desnudan lo que los especialistas califican como “vaciamiento sistemático del erario” y en esto tiene una enorme responsabilidad el mayoriteo sumiso de Morena ante los caprichos del tabasqueño.

Veamos ejemplos independientes al INSABI, mega farmacia y de las multimencionadas obras faraónicas: el escandaloso fraude en Segalmex con un desfalco aproximado a los 20 mil millones de pesos; la desaparición de 157 mil millones de pesos del FONSABI, fondo destinado a enfermedades graves; la cancelación de 109 fideicomisos en materia de cultura, investigación científica, salud y desastres naturales; y, el mal manejo del Fondo de Estabilización Presupuestaria, que sumaba más de 350 mil millones.Y todo esto no se trata de errores operativos, son reflejo de determinaciones intencionales sin contrapeso desde la presidencia en donde prevaleció la falta de control y de transparencia.

Por ello hay razones de sobra para que varios políticos y ex funcionarios federales estén escondidos dado que el Código Penal Federal (art. 215 bis), señala claramente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que omiten su deber o permiten actos ilícitos pueden enfrentar duplicación de sanciones.

La probable recesión económica que se avecina por las necias disputas comerciales con el gobierno de Trump y la evidente parálisis fiscal colocan la estabilidad y equilibro nacionales en grave riesgo. Otro ejemplo: el Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria instruyó que se investigue la caída en la detección y sanción de empresas fantasma, también conocidas como “factureras”, durante la gestión de amlo.

Esto luego que en marzo del año pasado un ciudadano identificado como Miguel Alfonso Meza presentó una denuncia contra Carlota Domínguez y Ruiz, quien desempeña el cargo de administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT por abuso de funciones en acción u omisión, al haber impedido la detección, investigación y persecución de “empresas fantasma”.

Así el actual gobierno federal no solamente está obligado a transparentar e informar sobre las acciones de gobierno de amlo sino deberá en lo inmediato suspender cualquier acción de distracción o impunidad para los responsables.

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