- Advierte sobre desabasto y afec tación a familias y empresas; urge solución inmediata
- Empresas recorren 60 millones de kilómetros al mes para garantizar abasto en el país
Clase Turista
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) insistió en una solució urgente y diálogo constructivo con las autoridades, para resolver los problemas que se enfrentan en el suministro del gas L.P. en todo el país.
Dicho combustible, señala el organismo empresarial, es un insumo esencial para millones de familias y empresas en México y su disponibilidad y distribución eficiente no solo inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también impactan la competitividad de sectores productivos clave.
Para la COPARMEX es vital garantizar su acceso en condiciones justas y equitativas por lo que se requiere un entorno que promueva la inversión, la certidumbre jurídica y la libre competencia.
Detalla que el sector de distribución enfrenta desafíos significativos. Cada mes, las empresas recorren más de 60 millones de kilómetros para asegurar la cobertura nacional, lo que implica elevados costos operativos en combustibles, mantenimiento de flotillas, salarios, seguros y normativas de seguridad.
«Para preservar la viabilidad del servicio, es indispensable que las políticas regulatorias reflejen la realidad económica del sector, evitando distorsiones que comprometan su operación», añade.
Coparmex puntualiza que la experiencia internacional confirma que el libre mercado es el mejor mecanismo para garantizar precios justos y condiciones equitativas para consumidores y empresas. La «Tarifa de Distribución» representa hasta el 50% del precio final del Gas L.P., por lo que cualquier ajuste debe basarse en criterios técnicos y económicos que aseguren la sostenibilidad del servicio.
Precisa COPARMEX que el control artificial de precios genera efectos adversos, como desabasto, disminución de la inversión y un crecimiento de los mercados informales que vulneran la seguridad de los consumidores.
Apunta que la imposición de precios por parte del Gobierno desde hace seis meses, sin considerar los costos reales de distribución, está poniendo en riesgo la continuidad del servicio y generando impactos negativos en el sector:
Reducción en la cobertura de la distribución, afectando a comunidades que dependen del Gas L.P. como principal fuente de energía.
Expansión del mercado ilegal, con la incursión de grupos dedicados a la distribución clandestina de combustibles (huachigas), lo que incrementa los riesgos de seguridad y vulnera la legalidad del sector.
Pérdida de empleos directos, con afectaciones para miles de familias que dependen de esta actividad.
Riesgo en la seguridad operativa a mediano plazo, ya que la falta de viabilidad económica limita la capacidad de las empresas para renovar y mantener su infraestructura de distribución.
Retroceso en el acceso a energéticos modernos, lo que podría obligar a algunas comunidades a recurrir al uso de leña como alternativa, con consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente.
Las políticas energéticas deben garantizar eficiencia y sustentabilidad sin afectar la libre competencia ni poner en riesgo la continuidad del servicio.
Concluye COPARMEX que «es prioritario establecer condiciones que permitan a las empresas operar de manera rentable, cumpliendo con estándares de seguridad y calidad en beneficio de los consumidores».
