- Ancira y el Jefe Diego intentaron devastar BCS
- El permiso les fue negado y buscan indemnización
- El Gobierno dice que no se les pagará ni un centavo
- Por Roberto Fuentes Vivar
Clase Turista
Desde 2010, el consorcio estadounidense Odyssey Marine Exploration comenzó a visitar las costas de Baja California Sur para detectar áreas de explotación minera en México. En junio de 2012, cuando era presidente Felipe Calderón, esa empresa, en sociedad con Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, obtuvo la concesión, de lo que se llama proyecto “Don Diego”.
En 2018, le fue negada por parte del Gobierno de México (concretamente por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) la autorización para desarrollar el proyecto, porque tendría consecuencias catastróficas para los ecosistemas, en donde lo mismo conviven la vaquita marina que las ballenas, además de otras muchas especies, algunas en peligro de extinción.
Por ello, cuando apenas comenzaba este sexenio (el 9 de enero de 2019), la empresa presentó una demanda contra el Gobierno de México, al amparo del Capítulo XI, Inversión, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), exigiendo un pago por reparación de daños por “no menos” de tres mil 540 millones de dólares.
El jueves pasado, por la noche, la Secretaría de Economía emitió un comunicado que por su importancia reproduzco textualmente:
“Gobierno de México impugnará fallo a favor de proyecto minero en Baja California Sur.
“La Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes.
“Durante el arbitraje internacional, México demostró que la empresa no cuenta con experiencia para la extracción de arenas fosfáticas del fondo marino.
“No se permitirá el desarrollo de proyectos que atenten contra nuestros recursos naturales.
“El Gobierno de México, a través de las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), desaprueba el fallo emitido de manera no unánime por un tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Asimismo, anuncia que buscará anular el fallo ante las cortes competentes.
“Después de más de dos años de haber finalizado el procedimiento, el pasado 17 de septiembre finalmente la mayoría del tribunal emitió el laudo a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration, que obliga a nuestro país a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por haber negado el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur (BCS). Esta cifra representa alrededor del 1.18 % del monto que la empresa originalmente reclamó en el arbitraje.
“Entre 2016 y 2018, la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, por lo que la empresa Odyssey inició un arbitraje internacional en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“La obra programada en el Golfo de Ulloa, en BCS, entre cuyos socios se encontraban Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, consistía en un dragado marino, a una distancia de 12 millas marinas (22 mil 224 m) del punto más cercano a la costa en un área de 61 mil 989.2 hectáreas, con el fin de extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.
“En el proceso de arbitraje México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas azules y grises, y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos. Además, se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo.
“Las dependencias federales consideran que el Tribunal dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat presentados como testigos por parte de Odyssey, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas. Por su parte, la defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal.
“Entre los tres árbitros hubo una postura disidente, el cual criticó que “las preocupaciones ambientales razonables y serias de México fueron ignoradas deliberadamente por la mayoría del tribunal”. Además, concluyó: no puedo dejar de expresar la opinión de que este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos.
“Debido a las serias deficiencias de la resolución, y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Asimismo, el Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles.
“El Gobierno de México reitera que no permitirá que se sigan priorizando proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de nuestros recursos naturales y defenderá en todo momento su soberanía por el bien de todas y todos los mexicanos.
“El laudo se publicará en próximas fechas en la página del CIADI”.
Hasta ahí el comunicado.
¿Y que pretendían Diego Fernández de Cevallos y Carlos Ancira, asociados con una empresa que ha sido calificada como depredadora en algunos países en los que ha operado?
Nada menos que explotar, según lo dice en su página de Internet la propia empresa Exploraciones Oceánicas, “uno de los mayores depósitos de fosfatos del mundo” sin importar el daño que pudieran ocasionar al medio ambiente.
(Algo similar a lo que ha hecho Calizas Industriales del Carmen, ahora Sac-Tun, en donde ICA y luego la transnacional Vulcan Materials han devastado la ecología en el otro extremo del país, Quintana Roo. Por cierto que este caso también se dirime en el CIADI.)
En el caso de Baja California Sur, el oficio No SGPA/DGIRA/DG/07852 el 12 de octubre de 2018 expone detalladamente, con estudios serios de la UNAM, la Semarnat y otros instituciones y grupos ecologistas, cómo este proyecto afectaría la fauna y la flora de los mares mexicanos.
Según la empresa, el proyecto “Exploraciones Oceánicas” consiste en un rico yacimiento de arena de fosfato ubicado en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México, más allá de sus aguas territoriales. El depósito se encuentra dentro de una concesión minera otorgada a la empresa mexicana Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. (ExO), filial de Oceanica Resources. La evaluación de recursos ha determinado que el depósito contiene 588.3 millones de toneladas de mineral de fosfato, con una P2O5 in situ de 18.1%, una sobrecarga de 1.14 metros y un espesor de mineral de 2.80 metros”.
La empresa Odyssey Marine Exploration fundada en 1994 por Greg Stemm se dedica a la explotación de los restos de hundimientos de barcos. De acuerdo con el diario El País, es conocida en España por el expolio de la fragata Mercedes, hallada en 2007, con más de 550 mil monedas y el equivalente a 17 toneladas de oro y plata. En ese caso, el gobierno estadounidense dio a la razón a España.
Luego de conocerse la decisión del Gobierno de México de iniciar un juicio contra la empresa, por el fallo del CIADI, sus acciones que cotizan en la bolsa estadounidense, cayeron 27.92 por ciento en un día y se cotizaban a 80 centavos, cuando hace algunos años estuvieron en seis dólares.
En síntesis, este gobierno y seguramente la próxima administración, están dispuestos a no pagar un solo peso de indemnización a personajes como “El Jefe Diego” y Alonso Ancira, quienes pretendían causar otro desastre ecológico como el de Calica en la península de Quintana Roo.
Dice el filósofo del metro: Para lucrar Dios lo cera y ellos se juntan.
Tianguis
Por cierto que la Secretaría de Economía presentó este domingo una nueva versión interactiva de los anuncios de inversión extranjera directa que se han presentado desde enero de 2023 a septiembre de 2024 y que suman 575 avisos por un total de 170 mil 644 millones de dólares. Como ejemplo, en una visita sumaria a esta página, busqué a cuánto equivalen los anuncios para los ocho estados que conforman el llamado sur-sureste (Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero). En total estas entidades concentran 29 mil 934 millones de dólares que deberían llegar en los próximos años. Un dato curioso es que Oaxaca significa el mayor monto con 11 mil 580, mientras que la menor cifra la tiene Quintana Roo, con mil 190. Esta diferencia muestra un cambio significativo, si se toma en cuenta que Quintana Roo lleva muchos años siendo el destino principal de las cadenas hoteleras para invertir… La calificadora Moody’s Ratings redujo el nivel deuda de largo plazo de Grupo Televisa a negativo desde estable, lo que ubica sus títulos en un alto nivel de riesgo para los inversionistas, aunque mantuvo la calificación en “Baa3”, al señalar que la posición competitiva de la empresa enfrenta desafíos operativos que podrían “limitar las mejoras en el futuro cercano”. En un señaló que a pesar de la degradación mantenía esperanza en la empresa. Esta baja de estable a negativo se presenta en el momento en que la empresa tiene su máximo nivel de audiencia con “La Casa de los Famosos” que logró romper récords de audiencia… Interesante la plática que sostuvo la semana pasada Rodrigo Mariscal Paredes, titular de la Unidad de Planeación Económica en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ante militantes de Morena, en la que dijo que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los pilares más importantes de su estrategia de gobierno fue que los trabajadores tuvieran un mayor porcentaje del pastel, lo que se reflejó en una considerable disminución en la pobreza laboral. En síntesis señaló que la pobreza laboral ha pasado de 40 a 35 por ciento de la población… En los hangares del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Leonardo Ávila Bojórquez, director de la empresa estatal Mexicana de Aviación presentó el avión Embraer E195 E2, la primera de 20 aeronaves a partir de mayo de 2025. Explicó que a partir del segundo trimestre del siguiente año arribará el primer avión de última generación que se adquirió a la firma brasileña… Vaya situación que vive Nueva York al implementar las regulaciones sobre estancias cortas que entraron en vigor en septiembre de 2023. De acuerdo con Airbnb, estas nuevas normativas fueron ineficaces para enfrentar la crisis de vivienda en la ciudad y generaron precios más altos para los turistas. Según la plataforma, esta normativa no ha cumplido con su objetivo de mejorar la disponibilidad de viviendas para los neoyorquinos. El precio medio de los hoteles en Nueva York subió un 7.4 por ciento en los 12 meses que terminaron en julio de 2024. En el caso de las rentas, subieron un 3.4 por ciento durante los 11 primeros meses de aplicación de esta regulación. Sin duda, éste es un escenario que podría replicarse en nuestro país si no se revisan las consecuencias que implicaría la de gestionar mayores restricciones a las plataformas y anfitriones relacionados con estancias cortas… El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social (STPS), informa el cierre exitoso del caso sobre la presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa Impro Industries, ubicada en Villa de Reyes, San Luis Potosí, México, como parte del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El comunicado de la SE indica que Impro “publicó y difundió una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales y un documento que define los lineamientos de conducta por parte del personal de la empresa”.
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