- Urge una estrategia que compense los ingresos petroleros: CIEP
Clase Turista
La transición energética hacia fuentes limpias y sostenibles ha adquirido una relevancia significativa. A medida que los países se comprometen con la reducción de emisiones y la mitigación del cambio climático, se enfrentan a retos como la descarbonización de las finanzas públicas para el caso de México.
En ese contexto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), analizó las estrategias de descarbonización y su posible impacto en las finanzas públicas a nivel nacional y estatal.
En el documento ‘Transición energética. Un reto para las finanzas públicas’, el CIEP refiere que los ingresos carbonizados, es decir, la recaudación petrolera pasó de representar el 36.7% de los ingresos totales en 2008, al 22.4% en 2022. En contraste, el gasto carbonizado aumentó 67.3% de 2017 a 2022; de estos recursos, el presupuesto dirigido a mitigación y adaptación del cambio climático representó el 5.6% y 0.6% del gasto total.
La disminución de los ingresos carbonizados tendría un impacto importante en las entidades federativas, pues representan una parte importante de las transferencias que reciben los estados por concepto de participaciones y aportaciones. De manera particular, Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, al ser entidades donde se extrae petróleo y gas observarían una doble afectación ya que la asignación de recursos depende del valor de la extracción y producción de cada una.
Ante esta coyuntura y la necesidad de avanzar en la transición energética, es necesario diseñar una estrategia que permita contrarrestar la eventual disminución de los ingresos carbonizados. Las reservas probadas de petróleo y gas generarían ingresos futuros por 3 billones 980 mil mdp, cifra que representa 2.5 veces los ingresos totales carbonizados para 2023.
La descarbonización de las finanzas públicas implica un cambio profundo en la forma en que se generan y utilizan los recursos disponibles. En este sentido, una revisión exhaustiva de la asignación de subsidios energéticos y el fomento de la implementación de impuestos ambientales a nivel estatal podrían constituir pasos iniciales para abordar esta situación de manera efectiva.
