- Los tapones, de uso militar, no protegían debidamente del sonido de los disparos
- Reportan 971.990 instancias de tinnitus en Estados Unidos
Clase Turista
El conglomerado empresarial 3M, reconocido por su producción de artículos como el Post-it, habría llegado a un acuerdo valuado en 5.500 millones de dólares (5.089 millones de euros) con el propósito de resolver las más de 300.000 demandas que enfrentaba. Estas demandas surgieron después de la comercialización de tapones para los oídos de uso militar con defectos.
De este modo, la empresa multinacional evitará tener que pagar la suma que oscila entre 8.000 millones de dólares (7.403 millones de euros) y 9.500 millones de dólares (8.791 millones de euros), estimada por expertos de Barclays y Bloomberg Intelligence. Estas cifras representaban los posibles desembolsos que 3M podría haber enfrentado si hubiera seguido adelante con el litigio legal.
“Parece que 3M ha negociado un acuerdo muy favorable para sus intereses”, ha valorado para Bloomberg el profesor de Derecho de la Universidad de Richmond, Carl Tobias.
La historia se origina en 2003, cuando 3M comenzó la venta de tapones auditivos de uso militar que, según se alega, no brindaban la protección adecuada contra el ruido generado por disparos. Durante un período de 12 años, se comercializaron estos tapones. A medida que avanzaba el tiempo, para el año 2012, el Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos ya había registrado un total de 971.990 casos de tinnitus relacionados con este problema.
En un primer momento, 3M trató de declarar a la unidad Aearo Technologies en quiebra tras acogerse al capítulo 11 de la ley estadounidense que regula estos supuestos. No obstante, un juez dictaminó el pasado junio que 3M no se encontraba en una situación de insolvencia. Aearo apeló el fallo.
A esta cuestión se suma el de los conocidos químicos eternos, por el cual 3M se ha comprometido a revertir la contaminación del agua potable en diversos puntos de Estados Unidos generada por estas sustancias y para lo que abonará hasta 12.500 millones de dólares (11.567 millones de euros).
A finales de 2022, la empresa comunicó su decisión de cesar el uso de los compuestos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados en la producción de sus artículos. Esta elección conllevaría una repercusión adversa estimada en 2.300 millones de dólares (2.128 millones de euros).
