- La nueva ley aprobada por senadores afecta a 23 proyectos de inversión, así como a 70 sectores industriales
Clase Turista
Analistas financieros del país aseguraron que aunque la nueva Ley de Minería de México aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, hay mucha preocupación en el gremio minero del país, porque la reforma aprobada por los senadores la semana pasada provocará la pérdida de hasta 9 mil millones de dólares de inversión en 23 proyectos previstos entre 2023 y 2028 y generará amparos de empresas de Estados Unidos y Canadá.
En un estudio de Intercam Banco, se subraya que «aunque el Estado pretende recuperar su rectoría sobre los recursos minerales del país, de acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex) las modificaciones afectarán a cuando menos 70 sectores industriales, entre ellos el automotriz, farmacéutico y tecnológico.
Se explica que unas 40 compañías de Canadá y EU que operan en México ya han manifestado su intención de ampararse ante la imposición de cartas de crédito para garantizar los daños en concesiones ya otorgadas.
Se agrega que ante el hecho de que el gobierno pueda «legalizar» el monopolio de exploración para Servicio Geológico Mexicano el SGM, habrá perjuicios para las empresas privadas del sector minero.
Los cambios en el sector minero aprobados por los legisladores de Morena generan un clima de incertidumbre, socava la confianza y desincentiva la inversión privada al reducir el plazo de las concesiones mineras.
Se teme que esto afecte la rentabilidad de las empresas, disuada nuevas inversiones y obstaculice el crecimiento económico del país. Asimismo, se ha señalado que la reforma establece un monopolio estatal en la exploración de minerales, lo que podría paralizar el sector.
Esta sería la segunda ocasión en que se efectúan cambios a las leyes mineras durante esta administración, después de la nacionalización del litio.
Las leyes afectadas incluyen la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley Minera.
Estas reformas tienen como objetivo limitar y regular el otorgamiento de concesiones para la explotación de minerales en el país. Además, eliminan la minería como una actividad preferente y establecen la obligación de realizar procesos de consulta ante los pueblos y comunidades en las que se deseen asentar las actividades mineras.
Principales puntos de la nueva Ley Minera de México
1) Se elimina el carácter preferente de la minería y se suprime el concepto de terreno libre y primer solicitante.
2) Se acorta el plazo de las concesiones de 50 a 30 años, con la posibilidad de prorrogarlas en dos ocasiones, cada una por 25 años, a través de una licitación pública.
3) Eleva los requisitos para los permisos de extracción de agua y se exige una concesión de agua para el sector minero con duración igual a la concesión.
4) Se prohíbe la minería en zonas sin disponibilidad de agua, en áreas naturales protegidas o en zonas que pongan en riesgo a la población.
La nueva ley también obliga a las empresas mineras a contar con un Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre de minas ante la SEMARNAT, dentro de los 365 días siguientes.
Las empresas deberán realizar un proceso de consulta ante los pueblos y comunidades antes de iniciar sus actividades.
Por otro lado, se reserva la actividad de exploración solo para el Estado, permitiendo concesiones en reservas mineras a través de un decreto presidencial. Con esta decisión, facultaría al Estado como el único que podría explorar a través de entidades gubernamentales como el Servicio Geológico Mexicano (SGM).
Además, la nueva ley establece que las compañías del sector privado deberán devolver al menos el 5% de los beneficios a las comunidades. También permite el otorgamiento de asignaciones mineras a empresas paraestatales; entre otras modificaciones.
