- No hay ninguna nacionalización y se oculta que la adquisición generará más deuda
- El objetivo del gobierno es político ante la cercanía del proceso electoral: CEESP
- Por Gerardo Flores Ledesma
Clase Turista
El sector privado del país fustigó la compra de 13 plantas generadoras de electricidad de Iberdrola, y calificó como mala esa decisión del gobierno porque implicará más deuda pública y únicamente tiene fines políticos-electorales.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) explicó que tal acción no es una nacionalización, porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) únicamente será administradora de la operación.
En su más reciente análisis, el organismo que depende del CCE, apunta que la operación tiene al menos tres implicaciones negativas como política pública, primero porque los recursos pudieron usarse para otros fines más prioritarios como salud, educación y seguridad; segundo, porque tal adquisición conlleva gastos de mantenimiento a futuro, que será difícil solventar, y tercero, porque la intención del gobierno tiene objetivos políticos que toman fuerza ante la cercanía del proceso electoral.
Destaca el CEESP que con la compra de las 13 plantas de generación de energía eléctrica de Iberdrola, tampoco habrá un aumento de la capacidad de generación de la CFE.
Se subraya que los recursos para la compra -casi 6,000 millones de dólares- provienen en principio del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), lo que reduce la posición neta de activos financieros del sector público, y aunque ese organismo está fuera del presupuesto de todos modos los recursos son públicos y por ello tienen usos alternativos.
Podría argumentarse que dicha reducción de activos financieros netos se compensa con una adquisición de activos físicos (las plantas) y que, por ello bajo un criterio de contabilidad patrimonial, el efecto sería neutral en la deuda pública neta.
Pero en México, explica el CEESP, la contabilidad púbica es de flujos, no patrimonial y por ello la compra implica una deuda, aun cuando esté oculta mediante el uso de vehículos para ello.
Para el organismo empresarial, la operación envía una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente a Iberdrola (sin ninguna prueba objetiva), en un momento en que el país necesita concretar la atracción de inversiones en la gran oportunidad que representa el movimiento de relocalización o nearshoring.
Insiste el CEESP en que no obstante que las generadoras son productivas y probablemente eficientes, su adquisición conlleva gastos de mantenimiento a futuro, que serán difíciles de solventar, y recuerda que “en México como en todo el mundo los gobiernos enfrentan problemas de suficiencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura, ya que compiten con otras prioridades que a menudo son más urgentes”.
Resalta el CEESP que “en este momento, sería importante que la política pública estuviese concentrada en crear todas las facilidades posibles a fin de sacar el mayor provecho de la relocalización o nearshoring. Ello implica la inclusión de sectores y regiones que no han sido beneficiadas por el comercio exterior y la inversión que implica”.
Asimismo, destaca que para incluir mayor valor agregado nacional en la producción y exportación de la inversión motivada por la relocalización hay que trabajar en varios frentes, entre ellos: mejorar y ampliar la infraestructura pública y la logística y asegurar que la electricidad se transmita y distribuya suficientemente a lo largo de todo el país”.
Finalmente, puntualiza que la inversión en líneas de transmisión y distribución, que es monopolio de la CFE, ha sido insuficiente y que sus acciones han estado significativamente por debajo de lo planeado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) desde el 2019.
Y concluye: “Por ello, sería preferible destinar los recursos públicos a este fin, entre otros críticos, en lugar de utilizarlos para adquisiciones que no contribuyen a lo prioritario en este momento para el país”.
