- Llama el Observatorio de Desaparición de Personas a Diputados a reconocer derecho a ser buscado
- El Dictamen ad hoc está ya aprobado en comisiones legislativas
- ¿Están vivos los defensores Antonio Díaz y Ricardo Lagunes?
- Por Francisco Gómez Maza
Clase Turista
El Observatorio de Desaparición de Personas (ODP) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), SJ, de la Ibero, Puebla, llama a la Cámara de Diputados a aprobar la iniciativa de reforma que reconoce el derecho de todas las personas a ser buscadas.
Ha transcurrido ya una semana y tres días desde que, el 25 de enero, la Comisión de Puntos Constitucionales del órgano legislativo, sito en San Lázaro, aprobó el dictamen de reforma al Artículo 17 de la Constitución Política, que establece que todas las personas desaparecidas, por equis o zeta motivos, tenemos el derecho de ser buscadas y obliga al Estado a realizar dichas acciones “con presunción de vida sin vinculación a una investigación ministerial.”
El Observatorio de Desaparición de Personas, sin embargo, advirtió que garantizar este derecho requiere de herramientas que aún siguen pendientes desde el año 2019, como el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), cuya creación y operación corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).
Y a propósito, el Observatorio llamó a la FGR y a las fiscalías estatales a establecer los tales bancos y registros de datos, ordenados por la Ley General en materia de desaparición, al tiempo que exhortó al Pleno de la Cámara de Diputados a aprobar la reforma constitucional, aprobada ya en comisiones.
Un segundo caso de terribles violaciones a los derechos humanos es el relacionado con la desaparición de dos defensores, Ricardo Lagunes, abogado defensor, y Antonio Díaz, defensor comunitario, ambos desaparecidos en la colindancia entre los estados de Colima y Michoacán.
Em este caso, vale la pena retomar el magistral artículo periodístico
Todos por Ricardo y Antonio, defensores desaparecidos, que informa detalladamente los hechos en torno a estas desapariciones. Y en este caso, reproduzco las partes esenciales de la nota y si alguno de los lectores requiere de profundizar puede verlo en https://www.animalpolitico.com/analisis/autores/todos-por-ricardo-y-antonio,-defensores-desaparecidos/todos-por-ricardo-y-antonio-defensores-desaparecidos
El texto de Animal Político:
“Se han cumplido más de 15 días desde que fueron desaparecidos el defensor comunitario Antonio Díaz y el abogado de derechos humanos Ricardo Lagunes, en las inmediaciones de Colima y Michoacán. Hasta ahora, el Estado mexicano ha sido incapaz de esclarecer el paradero de ambos, pese a que le han instado a ello mecanismos de derechos humanos como el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros actores nacionales e internacionales.
“El caso ha conmocionado al movimiento de derechos humanos, en el que Lagunes es reconocido como un solvente abogado que con solidaridad y compromiso ha acompañado a diversas comunidades en lucha a lo largo del país, lo que ha sido recordado en múltiples artículos de prensa y movilizaciones. Como se ha dicho, lo ocurrido muestra sin duda los enormes riesgos que siguen enfrentando quienes defienden los derechos humanos colectivos en territorios que se encuentran comprendidos dentro de las entidades más afectadas por la violencia imperante.
“En las conferencias de prensa realizadas en el Centro Prodh para exigir su búsqueda inmediata, familiares y compañeros han insistido en esta dimensión, señalando las responsabilidades de las autoridades locales y federales, en las poco efectivas acciones de búsqueda y localización, y en las fallidas políticas públicas que, lejos de proteger las necesidades de las comunidades, las han dejado a la deriva. Señalan también que la desaparición de los defensores podría derivarse de un conflicto provocado por grupos de poder político y económico que han ejercido múltiples violencias contra las comunidades de la zona, lo que ha puesto en riesgo a quienes defienden la tierra y el territorio ahí.
“Estamos fuertes y unidas, unidos, hasta encontrarles. Queremos hacer saber la exigencia que seguimos haciendo al Estado Mexicano para que implemente todas las acciones de forma coordinada y eficiente para su aparición con vida”, expresó Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo, durante la conferencia de prensa realizada el 23 de enero.
“Es necesario recalcar la importancia que tiene el sistema de justicia agrario mexicano, en dónde miles de campesinos e indígenas se presentan a los juicios cansados sin los recursos legales para defenderse, sin más medio que esta dependencia de la burocracia que dilata los conflictos (…) Ricardo y Don Antonio no son solamente las únicas personas afectadas en este tipo de conflictos, son una ventana al mundo que nos muestran que en este país hace falta mucho. Hacen falta muchos Ricardos y muchos Antonios que busquen la justicia en todos los sentidos, una justicia integral”, añadió María Ramírez, esposa de Ricardo.”
En tercer lugar, por hoy, el CentroProDH llama la atención de que ya se cumplen 6 años del asesinato del defensor rarámuri, Juan Ontiveros. Este miércoles 2 de febrero se cumplieron seis años desde el asesinato del defensor rarámuri, Juan Ontiveros, originario de la comunidad de Choréachi (Pino Gordo), municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
Ante el aniversario luctuoso, la organización Alianza Sierra Madre reiteró que la comunidad continúa “en lucha y resistencia”, al tiempo que exigió verdad y justicia para Ontiveros y su familia.
El defensor rarámuri fue encontrado sin vida el 1 de febrero del 2017, tras ser privado de la libertad por hombres armados un día antes, al salir de una reunión con autoridades gubernamentales para exigir que se suspendiera la extracción de madera en la región.
Desde 2013, los pobladores de Choréachi han sido víctimas de amenazas, hostigamiento, persecución y asesinatos, debido a su defensa del bosque de pino-encino. Esta violencia causó que se suspendieran proyectos para instalar sistemas captadores de agua de lluvia, sembrar huertos de hortalizas y crear una reserva comunitaria de semilla. Debido a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas colectivas.
En este contexto, Ontiveros, quien se desempeñaba como autoridad indígena, se dedicó a la defensa de su territorio y los bienes naturales, pidiendo que se detuvieran las actividades extractivas, ya que el Tribunal Unitario Agrario había suspendido los permisos de aprovechamiento forestal en la comunidad..
